El PSOE pide la devolución del proyecto de ley al Gobierno en coherencia con su postura de que el modelo de financiación autonómica garantice la igualdad de los españoles vivan donde vivan, con el mismo nivel de prestaciones básicas, y un mejor reparto de los recursos. En concreto, pretende situar el debate en garantizar la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Según se explica en las enmiendas presentadas este martes y a las que ha tenido acceso Europa Press, la Izquierda Plural y el BNG creen que el Gobierno pretende una "centralización", mientras que UPyD aboga por una reforma profunda del sistema de financiación.
Tanto la Izquierda Plural como el BNG critican que el Estado pueda retener importes del sistema de financiación de las comunidades si estas tienen obligaciones pendientes de pago con las entidades locales relativas a transferencias o convenios en materia de gasto social.
Para los nacionalistas gallegos, esto constituye una "nueva intrusión estatal", mientras que la Izquierda Plural señala que, para que las comunidades puedan pagar a los ayuntamientos, el Estado debe atender sus obligaciones de financiación con las comunidades, hay que establecer un nuevo sistema de financiación local y se debe corregir el "injusto" reparto de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
MAYOR TUTELAJE SOBRE LAS COMUNIDADES
Asimismo, ambos censuran la exigencia de una mayor vigilancia de los riesgos y costes asumidos en la concesión de avales, reavales y otro tipo de garantías. La Izquierda Plural cree que, de esta manera, el Gobierno aumenta su rol fiscalizador sobre la actividad de las comunidades y "da una vuelta de tuerca más en la ortodoxia de la austeridad", y el BNG ve un "mayor tutelaje" sobre las autonomías y una consolidación del "escenario centralizador".
La Izquierda Plural ha acusado al Ejecutivo de utilizar como "excusa" la financiación de los servicios sociales para "arremeter de nuevo contra el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas". A su juicio, lo que se debería hacer es flexibilizar los límites de déficit de las comunidades reequilibrando de una manera "más justa" las responsabilidades con la estabilidad en todos los niveles de la Administración.
UPYD PIDE CAMBIOS EN LOS REGÍMENES FORALES
UPyD, por su parte, ha lamentado que se haya perdido la oportunidad de realizar "los cambios de mayor calado que ambas leyes necesitan de forma urgente". Sobre la modificación de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, mantiene que tanto el régimen común como el sistema foral presentan "serias carencias", y apuesta por una reforma "a fondo" del modelo que elimine los regímenes forales y garantice la igualdad y una adecuada prestación de los servicios a los ciudadanos.
En cuanto a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la formación magenta ha criticado la "falta de voluntad política de utilizarla". Concretamente, se ha referido a las negociaciones "discrecionales, a puerta cerrada y sin publicidad" del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con algunas comunidades que incumplen los objetivos marcados. Además, ha propuesto establecer una serie de controles previos más ambiciosos que los contemplados en la ley.
ERC coincide con otros partidos en apuntar a una "estrategia de recentralización política" y en criticar que ahora las comunidades tengan que recibir la autorización del Estado para solicitar avales, reavales y garantías sobre operaciones de crédito, porque eso "limita en exceso" las políticas autonómicas de desarrollo económico y social. Aparte, rechaza los principios ideológicos de la constitucionalización del déficit cero en las administraciones públicas y la prioridad del pago de los intereses de la deuda y las amortizaciones de deuda pública.