El diputado socialista en el Congreso Antonio Pradas ha subrayado que representantes sindicales, alcaldes de la zona y los diputados socialistas han venido denunciando el despido de trabajadores civiles de la base y la militarización de las tareas que estos venían desarrollando de modo que los marines americanos son los que en la actualidad se encuentran realizando funciones que antes desempeñaban los trabajadores españoles recientemente despedidos.
Así, ha recordado que en 2010 la empresa Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), adjudicataria de los servicios civiles de la base, presentó un expediente de regulación de empleo que afectaba a 119 trabajadores y que recientemente se ha producido el despido de 66 empleados de la base y los pliegos de adjudicación del nuevo concurso, que está previsto para octubre de este año, que eliminan servicios que desarrollan un tercio de la plantilla actual.
"Blanco y en botella", ha afirmado Pradas, para quién "el incremento de militares americanos vendría a suplir a los trabajadores españoles que están siendo despedidos y nunca su recolocación".
EXPLICACIONES EN EL CONGRESO
Para el PSOE este hecho supone una modificación sustancial del actual estatus, que debería ser objeto de debate en el Congreso de los Diputados. Según el diputado socialista por Sevilla, el presidente del Gobierno no puede hacer de "don Tancredo" también en este asunto. "El Gobierno debe explicar en qué condiciones se solicita este nuevo incremento y cuáles son las tareas a realizar", ha afirmado Pradas.
Por su parte, los municipios afectados en sus términos municipales por la base de Morón, siempre se han beneficiado del impacto económico y social que tienen estas instalaciones para la comarca pero "de no producirse este beneficio, se podrían replantear la conveniencia de una base que deja en la estacada a decenas de familias en municipios que ya vienen siendo castigados por la actual crisis".
Por último, ha recordado que en el mes de diciembre, el Gobierno contestó a una pregunta del grupo socialista, "echando balones fuera" sobre el asunto y el Ministerio de Defensa, hacia el que iba dirigida la pregunta, derivó el asunto al de Asuntos Exteriores. Según Pradas, "el Gobierno tendrá ahora que pronunciarse ante una proposición no de Ley tramitada por el GPS y dejar claro si mira por los intereses de España y Andalucía o si éste es el precio que vamos a pagar por la foto de Rajoy en el Despacho Oval".