El Grupo Socialista defenderá esta postura mañana en la reunión de la Comisión Mixta de la Comisión de Cuentas que se celebrará en el Congreso y en la que también se debatirán otros asuntos como informes del sector público y local desde el año 2004 o el plan de pago a proveedores del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En las propuestas de resolución presentadas por los socialistas al informe del sector público local de 2010, el PSOE pide responsabilidad contable en siete supuestos, todos ellos referidos a la contratación administrativa, y responsabilidad penal en otros cinco también referidos a la contratación.
Según el PSOE, la responsabilidad penal debería exigirse al Ayuntamiento de Lorca por deficiencias en la adjudicación de un contrato de obras que por deficiencias en la redacción del proyecto no pudieron ejecutarse ni fueron objeto de compensación por parte de la empresa adjudicataria.
También a los ayuntamientos de Cehegín y Cieza por deficiencias en la adjudicación de dos contratos de obras o a otros siete casos en los que en los contratos los criterios de adjudicación y sus baremos fueron objeto de desglose y concreción después de abiertas las ofertas presentadas por los licitadores.
Dentro de la exigencia de responsabilidades penales, el PSOE también incluye al Ayuntamiento de Requejada, Polanco (Cantabria), por deficiencias en la preparación y licitación de un contrato de obras que dieron lugar a la tramitación posterior de una modificación del contrato.
IRREGULARIDADES EN LOS CONTRATOS
Mientras, los socialistas achacan responsabilidad contable al Ayuntamiento murciano de Cieza por un contrato de 2,6 millones en el que no se acredita la creación de puestos de trabajo por la empresa adjudicataria de las obras y por otro de 1,9 millones que presenta una revisión de precios indebidamente realizada, igual que otro contrato de Santander de 3,9 millones.
El PSOE también reclama responsabilidades contables por deficiencias en la justificación de la modificación de dos contratos de obras de los consistorios de Santander (2,1 millones) y Mazarrón (Murcia) por 2,3 millones; y por deficiencias en la justificación de las prestaciones derivadas de tres contratos de obras: Alguazas (Murcia), 1,2 millones, Lorca (Murcia), 2,2 millones, y Murcia, 1,1 millones.