El texto recibió la luz verde de la cámara alta por presiones de la llamada "bancada rural", integrada por parlamentarios de diversos partidos, y modificó de forma sustancial un proyecto de ley presentado por el Gobierno.
La propuesta original planteaba regularizar la propiedad de las tierras amazónicas con extensiones de hasta 1.500 hectáreas y que estén ocupadas desde antes del año 2004.
Asimismo, incluía diversos compromisos para quienes reciban los títulos de propiedad, entre ellos la obligación de recuperar las áreas ya desforestadas y limitaciones para nuevas talas de árboles, que fueron suavizados por la "bancada rural".
El Gobierno también contemplaba un plazo de diez años para la regularización, a fin de comprobar que las normas eran cumplidas, pero el texto aprobado ha reducido ese período a sólo tres años.
Las modificaciones introducidas al proyecto añaden además la posibilidad de que las tierras puedan ser vendidas una vez que la propiedad haya sido regularizada, lo que en el proyecto original también contemplaba sólo en un plazo de diez años.
Según el PT, fundado por Lula en 1980, el presidente debería vetar la ley y devolverla al Congreso para que prosiga la discusión y se "respete" la propuesta original.
El ministro del Medio Ambiente, Carlos Minc, ya había alertado de que si la ley era aprobada con las modificaciones planteadas por la "bancada rural" se expondría a la Amazonía a "desastre ambiental".
Según Minc, la promulgación de ese texto puede incluso suponer "el fin" del llamado Fondo Amazonía, mediante el cual Brasil aspira a captar donaciones de otros países para invertir en la protección del mayor pulmón vegetal del planeta.
El año pasado, el Gobierno de Noruega se comprometió a aportar 1.000 millones de dólares para ese fondo, mientras que Corea, Japón y Suecia han manifestado igualmente interés en colaborar.