Puig anuncia el fin de la impunidad tras un desalojo que los okupas ven ilegal

En la primera gran prueba de fuego que encaraba la consellería de Interior tras el regreso de CiU al gobierno, los Mossos d'Esquadra han activado esta madrugada un amplio gran despliegue policial para desalojar sin incidentes destacados ni detenidos el edificio de los multicines Laietana, en una operación en la que se ha identificado a los 418 ocupantes.

Según Puig, las más de 400 personas que ocuparon el edificio pretendían volver a repetir lo que ocurrió en la huelga general del pasado 29 de septiembre con la antigua sede de Banesto y convertir la toma de un emblemático edificio en una forma de "provocación y alteración" del orden público de cara al paro convocado para el 27 de enero próximo por sindicatos minoritarios.

"Esta vez no lo hemos permitido, y podemos decir que a partir de ahora se ha acabado la impunidad para los que piensan que ocupar propiedades privadas y alterar el orden público forma parte del paisaje de Barcelona y de Cataluña", ha sentenciado Puig.

El conseller ha destacado que, en el desalojo, "todo funcionó a la corrección", ya que en primer lugar se localizó al propietario del edificio, situado en la Via Laietana de Barcelona, luego se presentó la correspondiente denuncia y posteriormente se informó al juzgado de guardia de Barcelona, que era el de instrucción número 32. "Todo se hizo correctamente", ha insistido Puig.

"La provocación disgregadora y crispadora no se ha salido con la suya", ha celebrado el conseller, que ha apuntado que los Mossos han actuado y seguirán actuando de forma "discreta pero contundente" en los casos en que sea necesario restablecer la normalidad en Barcelona y en Cataluña.

Sobre el dispositivo de anoche, Puig ha recordado que entre la manifestación que discurrió por el centro de Barcelona y la posterior ocupación del Palacio del Cine intervinieron más de 350 agentes de los Mossos d'Esquadra, de los que seis resultaron heridos por golpes y patadas en pequeños enfrentamientos con los okupas.

Además, ha avanzado que estudiarán si se puede recurrir a la vía penal para actuar contra algunos de los manifestantes que llevaron a cabo actos de vandalismo.

Por el contrario, los portavoces de los colectivos que protagonizaron la ocupación han denunciado que la actuación de los Mossos fue ilegal, ya que no contaban con orden judicial y no podían efectuar un "desalojo exprés" -dentro de las 24 horas siguientes a la usurpación-, dado que un reducido grupo de activistas llevaba instalado en el edificio desde el pasado martes.

De hecho, los antisistema alegan que el acto de ayer no constituía una ocupación sino una asamblea para informar de la huelga general convocada por los sindicatos minoritarios para el próximo 27 de enero que estaba amparada por la ley y por la propia Constitución.

Además, el dirigente de la CGT Ermengol Gassot ha denunciado que la policía infiltró en la protesta a agentes disfrazados de activistas, algunos de ellos encapuchados, que intentaron provocar "situaciones de tensión" que después pudieran imputarse a los manifestantes.

La utilización de estos agentes camuflados, que según Gassot aparecieron después junto a los Mossos que desalojaron el edificio, supone "un regreso a las tácticas de la ex delegada del Gobierno con el PP Julia García Valdecasas de infiltrar a policías en las manifestaciones para provocar disturbios".

Los portavoces de los okupas han acusado además a la policía autonómica de haber cargado con los activistas, con prácticas de "tortura de baja intensidad", con lo que el desalojo, según su versión, se saldó con varias personas heridas, con magulladuras y policontusiones.