Así, el juzgado ha admitido a trámite la querella interpuesta por el exalcalde del PP Arturo Torró y otros cargos del partido, que aseguran que durante la celebración del pleno de investidura y en los días sucesivos, "se impidió el acceso a las dependencias de trabajo de diversos empleados públicos, así como a los ediles salientes".
Según ha informado el PP en rueda de prensa, estos hechos se sucedieron, por personas no autorizadas para llevar a cabo dichos fines, "por personal político que ni siquiera había sido nombrado y que se entienden en la órbita del PSOE".
"Todos ellos, en algunos casos custodiados por agentes de la autoridad, quienes parecen ser, recibieron órdenes de la Alcaldía o de quién podía serlo, para impedir el acceso a distintas dependencias", ha manifestado en un comunicado.
Además, según el PP, "no se siguió, además, procedimiento administrativo alguno, y como consecuencia de dicho asalto, se ha podido cotejar la falta de documentación, borrados o modificaciones de equipos informáticos". "A ello se suman actitudes grotescas e ilegales y que invita a pensar en delitos como el de coacciones.
El concejal Vicent Gregori ha explicado que "en su día ya denunciamos, que mediante un cartelito, cambios de cerraduras, o presencia física de personal ajeno al Ayuntamiento de Gandia, se nos impedía, hasta a los concejales, el acceso a nuestros despachos para recoger nuestros enseres". "Es algo ilegal, un abuso y los jueces dirán", ha añadido.
Desde el PP también han destacado que el hecho de que "en tan poco tiempo, la jueza estime causa penal, contra la alcaldesa y el equipo funcionarial y político, que le acompaña, es gravísimo". "No queremos ser juez y parte, pero los hechos querellados, son gravísimos y alguien debe responder por ello", ha resaltado.
El grupo municipal popular ha lamentado que el Gobierno de Gandia "no dé explicaciones de un hecho tan grave y de las consecuencias que de ello se derivarán, al encontrarse ya en sede judicial, con el correspondiente procedimiento penal en curso".