Una quincena de altos cargos del Gobierno de Cantabria tienen el deber de inhibirse en asuntos relacionados con su trayectoria en el sector privado previa a su incorporación a la Administración regional. Esto significa que para evitar conflictos de intereses no deben participar en decisiones en las que estén o hayan estado implicados ellos mismos o sus empresas, así como parejas y familias.
Así lo recoge el Gobierno de Cantabria en su denominado Portal de Transparencia, una sección de la Web institucional que puede visitarse en www.transparencia.cantabria.es y que incorpora el Registro de Actividades e Intereses de los Altos Cargos, consultado por Europa Press.
Ese registro es público, según establece la Ley Reguladora de los Conflictos de Intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración de Cantabria, aprobada en 2008.
Esa misma ley disponía que los altos cargos también deben hacer una declaración de bienes y patrimonio, que se deposita en un registro, si bien este ya no es de carácter público.
En ese registro se recogen las actividades, tanto públicas en cualquier Administración (estatal, autonómica, local) como privadas ejercidas en los dos años previos al nombramiento en el Gobierno regional, para velar porque no se produzcan conflictos de intereses cuando confluyan intereses públicos y privados o familiares.
Y aunque la mayoría de los casi 80 altos cargos que figuran en este registro proceden de la propia Administración o de la Universidad de Cantabria, sí hay 15 casos de personas procedentes del sector privado relacionados de alguna forma con su cargo actual, lo que les obliga a inhibirse de esos asuntos.
A ellos se suman otra decena de cargos procedentes del sector privado, pero que no deben inhibirse, bien por que no está relacionado con su área, por tratarse de actividades académicas, sanitarias o en la Universidad, o porque no tenían puestos de responsabilidad en esas empresas.
Esto supone que provienen del sector privado o ajenos a las instituciones unas 25 personas integradas de los alrededor de 80 que figuran en el Registro de Actividades e Intereses de los Altos Cargos provienen del sector privado--, esto es, del orden de un 20%.
INHIBICIONES
El presidente cántabro, Ignacio Diego, no declara ninguna actividad privada por la que deba inhibirse, al igual que la mayoría de los miembros del Consejo de Gobierno, salvo los consejeros de Medio Ambiente, Javier Fernández; y Obras Públicas, Francisco Javier Rodríguez Argüeso.
El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, ex director jurídico del Ayuntamiento de Santander, declara en sus actividades la docencia en la Facultad de Económicas (con un salario de 4.578 euros anuales), y en el campo privado, la abogacía, que le lleva a inhibirse en expedientes relacionados con ese período de actividad.
Y el de Obras Públicas y Vivienda, Francisco Javier Rodríguez Argüeso debe inhibirse, en lo que toque a Caja Cantabria, ya que fue consejero y presidente de su Obra Social.
Hay otros casos, como Miguel Cabetas, consejero delegado de Sodercan, del que este registro recoge como fue director general de la entidad financiera Ahorro Corporación, por lo que se inhibe en los procedimientos relacionados con esta firma; o Arsenio de la Vega, jefe de Gabinete del presidente, que se inhibe en lo que afecte a las distintas empresas de las que ha sido consejero delegado, consejero o administrador solidario en los dos últimos años.
El responsable del ORECLA (el Organismo de resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales, de carácter mediador), de profesión abogado que se inhibe en lo relacionado con las personas físicas o jurídicas a las que representara cuando fue abogado por cuenta propia); y el gerente del Instituto de Finanzas, Jorge Gómez de Cos, se inhibe en los asuntos relacionados con la asesoría y consultora de la que era administrador, Alacer.
Ya eran conocidos los casos del director general de Transportes y Comunicaciones, Fermín Llaguno, en lo que afecte a Telefónica, pues fue director en Cantabria de esta compañía; el de Cultura, Joaquín Solanas, que fue gerente de la compañía teatral Miriñaque; y el de Turismo, Francisco Agudo, que se inhibe de lo relacionado con el Hotel Santemar, del que era director antes de su nombramiento en la Consejería.
A ellos suma el Registro los casos del director general de Vivienda y Arquitectura, José Antonio González Barrios, que debe inhibirse en lo que afecte a su carrera profesional previa, como abogado o gerente de una asesoría; o Enrique Haya, director general de FP y Educación Permanente, que se inhibe en lo que afecte al colegio Haypo, privado, al ser una sociedad que está participada por su madre y tres hermanas.
La lista sigue con el director general de Innovación e Industria, Fernando Rodríguez (en Construcciones de Enmedio Pinto Javier, de la que era administrador solidario; o el Colegio de Ingenieros Industriales, del que era secretario).
Las inhibiciones también afectan a lo que sucede dentro de las empresas públicas, con la misma consideración que privadas en estos casos, y por eso José Leandro Morante, director del CIMA (Centro de Investigación del Medio Ambiente), lo hace en lo que afecte con la sociedad pública MARE (Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía, de su departamento), ya que fue su responsable de Calidad de Aguas y Medio Natural.
Otros cargos no se inhiben, pero sí declaran sus actividades en el sector privado, que no son causa de inhibición al estar relacionadas con la docencia o no afectar a sus competencias, caso en que se encuentran una decena de personas.
La directora de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria, Natividad Fernández, que fue profesora en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresarial de la Universidad de Cantabria, declara la remuneración de 3.000 euros como concejala en el Ayuntamiento de Torrelavega, y 10.000 como consejera en Caja Cantabria, de donde luego cesó.
PROCEDENCIA DE LOS CARGOS
En su mayoría, el perfil profesional de los altos cargos del Gobierno de Cantabria está ligado a la carrera pública, caso de Eduardo Arasti o Alberto Cayón (director general de Protección Civil, antiguo técnico en ADIF).
Y en muchos casos procedentes del mismo departamento, caso de la consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Blanca Martínez, que era técnico comarcal agrario en ese departamento.
Es la misma situación de cargos como Santos de Argüello, director general de Ganadería, y antes Jefe de Sección de Reproducción y Mejora Ganadera en esa Consejería); Emilio Flor, director general de Medio Ambiente, antes Jefe de Servicio de Impacto y Autorizaciones Ambientales; María Luisa Trueba, directora general de Personal y Centros Docentes en Educación, donde antes era Jefa de Servicio de Recursos Humanos; y distintos cargos de Sanidad y el Servicio Cántabro de Salud (SCS)
Aunque predomina la propia administración autonómica, también hay un peso importante de la estatal, de la que proceden la directora general de Pesca y Alimentación, Pilar Pereda, ex jefa del Área de Pesca número 28 en el antiguo Ministerio de Ciencias e Innovación; o Ángel Emilio Santiago, director general de Justicia, que fue fiscal coordinador del Ministerio de Justicia;
En los que no proceden directamente de la administración, se encuentran casos como la subdirectora de Dependencia de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que fue enfermera y presidenta del Colegio Oficial de Enfermería; o Francisco Javier Manrique, director general de Montes, que ha sido decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales para Cantabria y Asturias.