En declaraciones a la Cope, Catalá ha admitido que un Gobierno en funciones tiene limitaciones, como no poder presentar proyectos de ley o tomar decisiones que condicionen al próximo Ejecutivo, pero ha añadido que hay "dos circunstancias que justificarían cualquier actividad de Gobierno, una urgente necesidad o defender el interés general".
"Con esas dos cláusulas podemos estar todos muy tranquilos, el Gobierno permanece para el ejercicio de sus funciones en todo aquello que sea necesario", ha recalcado. Es más, ha precisado que eso incluye la posibilidad de pedir informes a la Abogacía General del Estado y también de impugnar decisiones ante el Tribunal Constitucional, cosa que es competencia del Gobierno en pleno, y no de un ministro.
Según ha dicho, en su opinión y "con fundamento jurídico", el Gobierno en funciones no sólo está legitimado sino "obligado" a recurrir al TC si es necesario.
Por otro lado, ha opinado que para recurrir al Tribunal Constitucional no basta con que se emitan declaraciones políticas, sino esperar a que se aprueben normas concretas con contenido jurídico.
Según ha dicho Catalá, esto es algo que los servicios jurídicos están estudiando ya "desde ayer", pero él cree que lo razonable es esperar a que haya contenido jurídico y no recurrir declaraciones que pueden ser "ejercicio de libertad de expresión" y que no tienen consecuencias jurídicas concretas, y por tanto no serían impugnables ni ante el TC ni ante los tribunales ordinarios.
Además, Catalá se ha mostrado convencido de que los funcionarios se mantendrán al lado de la ley, no de los intereses coyunturales de un Gobierno.