La exconsejera catalana de Trabajo y Asuntos Sociales Dolors Bassa se ha negado hoy a responder a las preguntas de Vox. Es su derecho. Lo más llamativo ha sido la justificación: "En defensa a todas las mujeres de España y por respeto a la violencia cero". Desazón. Más cuando uno escucha que respecto al 1-O y pese a los avisos del Constitucional, la conseller ha dejado claro que "estábamos convencidos que no era delito, teníamos el apoyo de 80% de los catalanes y teníamos el aval internacional".
Para Bassa "el referéndum era una forma de compromiso, fue un acto más dentro de la legislatura, no fue un acto concluyente dentro de la independencia", que lo vio solo como "un acto para llegar al diálogo, a una negociación y a un pacto. Sí teníamos claro que si mucha gente iba a votar esos nos ayudaba en negociación".
No solo eso, la exconsejera catalana de Trabajo y Asuntos Sociales Dolors Bassa ha asegurado este miércoles durante su declaración en el juicio por el proceso independentista que impulsaron la ley de transitoriedad, una de las denominadas normas de desconexión, con el objetivo de "tener algo preparado" en caso de que la Generalitat lograse llegar a un acuerdo con el Estado. Incluso ha llegado a decir que el expresident Carles Puigdemont afirmó públicamente que la fecha y la pregunta del referéndum podrían ser modificadas "porque hasta el último momento" el Govern consideró la posibilidad de abrir un diálogo y alcanzar un acuerdo. O sea, visto lo visto todo fue producto de la improvisación.
La ley de transitoriedad fue aprobada por el Parlament junto con la ley de referéndum los días 6 y 7 de septiembre de 2017 y, según ha explicado Bassa, se hizo inspirada en el programa electoral de Junts pel Sí, que a su vez estaba "copiado" del acuerdo entre Reino Unido y Escocia para la celebración de un referéndum de independencia. La acusada, para quien la Fiscalía pide 16 años de cárcel por rebelión y malversación, ha dicho que nadie en el Govern consideró que esta ley incumplía los mandatos que ya había dado el Tribunal Constitucional con resoluciones anteriores. De hecho, ha subrayado que ni siquiera hablaron sobre el tema y que no sabían que el tribunal de garantías también "suspendería" esta norma.
"Utilizamos todas las vías, lo intentamos más de 20 veces por todos los mecanismos que teníamos a nuestro alcance. Por eso, ¿qué mejor forma que buscar un mandato popular a través de un referéndum?", se ha preguntado. Así lo ha afirmado Bassa en respuesta a las preguntas del fiscal Fidel Cadena, desmarcándose así de la estrategia de defensa que hasta ahora han seguido los acusados de ERC, Oriol Junqueras y Raül Romeva, quienes en sesiones anteriores del juicio han optado por no contestar a ninguna de las acusaciones.
Como los cinco acusados que han declarado anteriormente, la exconsejera ha asegurado que no conocía el documento Enfocats, que marcaba el proceso independentista. En lo que sí se ha diferenciado del resto es en que tampoco sabía de la hoja de ruta marcada antes de las elecciones de 2015, ya que entonces no estaba en política y sólo conoció el proyecto de Junts pel Sí cuando se unió a las listas, al estar de acuerdo con el programa electoral.
Bassa ha reconocido que recibió cinco o seis requerimientos del Tribunal Constitucional y que a partir del que suspendía la ley de transitoriedad "no hizo nada para no cumplir" esas resoluciones. Sin embargo, justo a continuación ha defendido que el Govern continuó organizando el referéndum del 1 de octubre porque todos entendían que "no era delito". Para la acusada, lo que tuvo la Generalitat esos días de 2017 fue un "conflicto de competencias" con el Constitucional y, aunque no ha cuestionado la "utilidad" del tribunal de garantías, ha mencionado que la Carta Magna tiene "miradas más amplias" y puede ser interpretable en muchos aspectos.
El exconsejero catalán de Territorio Josep Rull ha dedicado varios minutos de su declaración en el juicio del 'procés' a acusar al Tribunal Constitucional (TC) de falta de "legitimidad moral" porque, a su juicio, ha sido "instrumentalizado" por el Gobierno central contra el independentismo catalán. El acusado ha recurrido a una resolución del Tribunal Supremo de Canadá para justificar las continuas desobediencias al Alto Tribunal español cuando suspendió las leyes de desconexión.
En un áspero cruce de preguntas y respuestas con la fiscal Consuelo Madrigal, Rull ha admitido que fue advertido hasta en seis ocasiones por el Constitucional en los meses previos al referéndum del 1 de octubre de 2017, desde la aprobación del proceso constituyente hasta la ley de transitoriedad, pero ha censurado que el tribunal recurriese en tantas ocasiones al artículo 16.2, según el cual una norma autonómica queda automáticamente suspendida cuando el TC admite a trámite una impugnación del Gobierno de la nación.
Rull ha subrayado que el Govern de Carles Puigdemont actuó siempre buscando la "ponderación" y el "equilibrio" entre "el imperio de la ley y el principio democrático", y para argumentar esta forma de actuación ha recurrido a una resolución del Tribunal Supremo de Canadá, según la cual "un sistema de gobierno no puede sobrevivir únicamente a través de la adhesión al Derecho", sino que también "necesita legitimidad, interacción entre imperio de la ley y el principio democrático".
"Nosotros siempre buscábamos el equilibrio entre los dos elementos. El sistema tiene que ser capaz de reflejar las aspiraciones del pueblo. El objetivo era poner a disposición de la gente el instrumento para proyectar su voluntad y hacerlo a través de las urnas", ha manifestado el exconsejero, para añadir después que se sintió "honrado" por participar en este proceso y aprobar las medidas que derivaron en el 1-O.
En otra parte del interrogatorio, Madrigal ha dedicado buena parte de sus preguntas a saber por qué las denominadas leyes de desconexión (ley de referéndum y ley de transitoriedad) se aprobaron de forma tan apresurada los días 6 y 7 de septiembre de 2017, "sin firma del secretario del Parlament, sin admisión de enmiendas y desestimándose todas las consideraciones".
Rull no ha respondido a esta cuestión y se ha limitado a decir que "otros testigos y acusados podrán explicarlo" y ha asegurado que las dos leyes se tramitaron y aprobaron "de acuerdo al reglamento del Parlament" y garantizando "la pluralidad política y democrática del Parlament". Y tras la insistencia de la fiscal, ha acabado admitiendo que la tramitación y votación tuvo lugar "tarde, de noche". Y sobre el posterior decreto de convocatoria del referéndum independentista, ha confirmado que lo firmó "en conciencia" y "en base a una ley plenamente vigente emanada de un Parlamento plenamente democrático" que expresaba la "voluntad popular". Todo ello a pesar de que ha admitido que las leyes de desconexión fueron suspendidas por el Constitucional tras su aprobación.
También ha afirmado que cuando votó los presupuestos de la Generalitat que incluyeron partidas concretas para consultas populares --partidas que el TC también tumbó-- "no tenía conciencia de hacer nada malo", pues el Govern aún creía "posible" organizar un referéndum pactado con el Estado.
Por otro lado, y al igual que otros acusados que han declarado anteriormente, Rull ha dicho no conocer el documento Enfocats, pero sí ha reconocido que estuvo en las reuniones de elaboración y firmó la hoja de ruta de 2015 que puso en marcha el proceso independentista, pero ha explicado que no era un "documento estratégico", sino la base del programa de Junts pel Sí. Según Rull, esa hoja de ruta marcaba que a las elecciones de septiembre de 2015 se les iba a dar un "carácter plebiscitario" porque ya se habían "agotado los instrumentos que el Derecho español da para convocar un referéndum". Lo dicho, ver las sesiones será un golpe de realidad para muchos de los que han seguido al Govern en su sueño independentista.
En la misma línea que sus compañeros en el banquillo se ha pronunciado Meritxell Borrás, exonsejera de Gobernación de Cataluña, quien ha admitido que suscribió el decreto de convocatoria de referéndum de independencia del 1-O a pesar de que su firma no era necesaria, por considerar que la rúbrica de todo el Govern era "un gesto o símbolo" de que iban a responder a la voluntad popular
"Era más una imagen de compromiso que una voluntad de gastar dinero público", ha puntualizado la séptima encausada en responder ante el Tribunal; la primera en hacerlo en situación de libertad.
Para ella, la Fiscalía solicita 7 años de cárcel. A diferencia del resto de exlíderes independentistas que han declarado hasta este miércoles, a Borrás no se le acusa de rebelión, sino de desobediencia y malversación de fondos públicos.
Por su parte, también ha declarado la exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia Dolors Bassa, quien ha manifestado en el juicio del 'procés' que la masiva acumulación de actividades en los centros cívicos de su competencia –algunos designados centro electoral para el 1-O– durante la víspera del referéndum "no tenían que ver nada" con esta convocatoria.
Bassa, la primera exmandataria independentista de ERC que ha contestado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado ha diferido ligeramente tanto en tono como en el contenido de sus argumentos en lo que respecta al de los otros acusados.
En este sentido, ha defendido que se cumplió el mandato del Tribunal Constitucional de dejar en suspenso la convocatoria del 1-O, asegurando que a partir de ese momento no se adoptó ninguna decisión ni se realizó ningún gasto.
Por último, el exconsejero de Justicia, Carles Mundó ha declarado que cuando el 6 de septiembre de 2017 él firmó el decreto de convocatoria del referéndum, junto con el resto del Govern de Carles Puigdemont, la ley que lo sustentaba "formaba parte del ordenamiento jurídico" de Cataluña porque aún no había sido suspendida. El tribunal de garantías, que ya había dejado actuado contra resoluciones anteriores del Parlament se reunió de urgencia al día siguiente y dejó en suspenso la convocatoria.
Mundó, que también se enfrenta a una pena de 7 años de cárcel por los delitos de desobediencia y de malversación de fondos públicos, al igual que la exconsejera Dolors Bassa, ha roto con la estrategia de mandatarios de ERC como Oriol Junqueras y Raül Romeva, contestando al representante de la Fiscalía, que en este caso era Javier Zaragoza.
Según Mundó, respetó todos los requerimientos del TC y no realizó ninguna acción relacionada con el referéndum desde el momento en el que fue suspendido. "No me haga responsable de interpelar a mis compañeros, solo soy responsable de mis actuaciones", ha dicho.
Así mismo, ha recalcado que el referéndum "no se sufragó con dinero público" y que "está acreditado sin ninguna duda" que las facturas intervenidas en la empresa Unipost -encargada supuestamente del reparto de material para la consulta- "nunca se pagaron".