Tres exaltos cargos de la Sanidad vasca, además de una cuarta persona, acabarán en el banquillo de los acusados por el 'caso Margüello' --de supuestas irregularidades en contratos de Osakidetza realizados durante la época del consejero de Sanidad Gabriel Inclán-- tras considerar la juez instructora que hay indicios suficientes de que han podido cometer delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios.
En un auto, fechado 3 de marzo, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, Yolanda Paredes, acuerda dar traslado de las diligencias al Ministerio Fiscal y a las acusaciones para que, en el plazo de diez días, puedan solicitar la apertura del juicio oral, y formulen escrito de acusación o sobresimiento.
Los cuatro investigados son el exdirector de Calidad del Hospital de Cruces, José Carlos Margüello, su socia María Nieves Fernández, el exvicensejero de Sanidad, Rafael Cerdán, y el exdirector de Sanidad en Bizkaia, Jose Ramón Elorriaga.
En su resolución, la juez considera que los investigados obtuvieron "un favorecimiento en las adjudicaciones públicas que concluyeron en la entrega de elevadas cantidades de fondos públicos que no debieran haber recibido".
En concreto, fueron adjudicaciones por un importe total de seis millones de euros y, todo ello, con "lesión de los principios de legalidad, publicidad y concurrencia y perjuicio económico derivado del aumento de las cuantías y subidas de precios y tarifas de los servicios prestados".
En su auto, la magistrada explica que el 6 de febrero de 2006 fue constituida la sociedad Gestión de Servicios Sanitarios XXI, entre otras personas, por Nieves Fernández y figuraba como apoderado y "auténtico" administrador de hecho José Carlos Margüello, que era el que "en realidad controlaba la sociedad".
Margüello también era apoderado de las sociedades Medical Dom y Rehabilidom, de la que también era administradora Nieves Fernández. Ambas firmas venían recibiendo "importantes adjudicaciones públicas" desde 1996.
La jueza señala que el propósito de constituir esa sociedad era obtener adjudicaciones, aprovechando, "para ello, la connivencia de Elorriaga y Cerdán, que, "en el ámbito de su competencia, favorecían las resoluciones y adjudicaciones fuera de la legalidad".
En concreto, a los 20 días de constituirse la sociedad, Nieves Fernández y José Carlos Margüello solicitaron de la dirección Territorial de Sandidad de Bizkaia, de la que era titular Elorriaga, una autorización para la actividad de asesoría, consultoría y prestación de servicios sanitarios, mientras que los técnicos del Servicio de Orientación Sanitaria indicaban que esa autorización no podía ser "una autorización para funcionamento".
El auto señala que Elorriaga "presionó, de forma reiterada a varios funcionarios públicos", para que emitieran informes que "favorecieran" a Gestión de Servicios Sanitarios XXI.
La magistrada indica que, al no lograr Elorriaga de los técnicos los informes para que la empresa pudiera funcionar como centro sanitario y, acceder a adjudicaciones, emitió en junio de 2006, como director territorial, la resolución de autorización para que funcionara como centro sanitario.
Esa resolución fue declarada posteriormente nula de pleno derecho, ya que, según señala el auto, fue dictada "sin procedimiento soporte y obviando todos los trámites y controles legales exigidos", y, además, no fue incluida y registrada en el sistema informático de Sanidad, ni en el registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios.
La magistrada apunta que el único propósito era permitir a Gestión de Servicios Sanitarios XXI el acceso a la contratación y fondos públicos para "lucro y beneficio económico de los investigados y en prejuicio de los intereses públicos"
La resolución indica que el 26 de junio, "menos de 20 días desde esa autorización, Elorriaga y el exviceconsejero de Sanidad, Rafael Cerdán, decidieron adjudicar a la empresa un contrato público de listas de espera por más de un millón de euros.
Para ello, Cerdán, "a sabiendas de las características de la mercantil y de la ilegalidad de la autorización de funcionamiento", utilizó un procedimiento de emergencia para adjudicar ese contrato a la empresa, "sin concurrencia de otras compañías y contra todos los principios que debían regir para ese tipo de constatación pública".
FAVORECER A LOS INVESTIGADOS
Asimismo, añade que, con "idéntico" propósito de "favorecer ilegalmente" al resto de investigados, Elorriaga, en julio de 2007, decidió cerrar sin ninguna justificación un expediente de contratación ya iniciado el 30 de junio de 2007.
Era un expediente, según la juez, con publicidad y por trámites normales de concurrencia y lo cambió por uno no público, por contratación negociada, que finalmente otorgó a Gestión de Servicio Sanitarios XXI, que para el mismo se unió en UTE con la Clínica Indautxu.
El importe inicial del contrato era de 212.800 euros y, a los pocos meses, Elorriaga lo prorrogó por el año 2009. Las prórrogas supusieron que el importe final del contrato fuese de 5.041.000 euros.
La juez cree que todos estos hechos son constitutivos de los delitos de precarivación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios. Contra la resolución adoptada cabe interponer recurso de reforma o de apelación.