La Mesa de la Cámara abrió un plazo hasta el 2 de julio para que los parlamentos regionales le propongan candidatos para sustituir a Ortega, que había sido elegido en diciembre de 2010 dentro del cupo de magistrados que le corresponde nombrar al Senado y junto a Francisco José Hernando, Francisco Pérez de los Cobos y Adela Asúa.
Tanto la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional como el Reglamento del Senado determinan que las asambleas legislativas autonómicas tienen la oportunidad de proponer aspirantes, aunque la Cámara no está obligada a elegirlos si no los considera adecuados. En este caso, los grupos parlamentarios hacen sus propuestas.
Este martes, la Mesa del Senado ha recibido la solicitud del Parlamento de Canarias de ampliar al 15 de septiembre ese plazo para enviar propuestas. Fuentes parlamentarias han explicado que se aceptará la petición de ampliar el plazo una vez que expire el actual, el del 2 de julio.
Los parlamentos autonómicos surgidos de las elecciones de mayo se constituyen este mes, pero su primer objetivo es elegir a los nuevos presidentes de gobierno, lo que en varios casos todavía no está claro dado que no se han producido mayorías absolutas y se están fraguando pactos.
UN CALENDARIO AJUSTADO
Pero también el Senado está pendiente de su propio calendario legislativo ante la celebración de elecciones generales en otoño. Si estas se producen a finales de noviembre, Congreso y Senado quedarán disueltos a finales de septiembre o principios de octubre. Es decir, la renovación del magistrado puede quedar para la siguiente legislatura si no se ajusta el calendario.
Porque una vez que el Senado reciba las candidaturas, se debe convocar la Comisión de Nombramientos para que comparezcan los aspirantes; esta comisión envía una propuesta al Pleno, en el que el elegido debe recibir al menos tres quintas partes de los votos, mayoría de la que disfruta ahora el PP en el Senado en esta legislatura sin necesidad de sumar a ningún otro grupo (tiene 161 de 264 escaños).
El nuevo magistrado tomará posesión de su cargo ante el Rey y permanecerá en el puesto el tiempo de mandato que le quedaba por cumplir a Luis Ignacio Ortega, es decir, hasta diciembre de 2016.
DEL CUPO PROGRESISTA
El magistrado fallecido pertenecía al sector progresista del órgano de garantías, tomó posesión de su cargo a principios de 2011 tras dejar la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Había sido director general del Departamento de Asuntos Institucionales Presidencia del Gobierno en 1983, durante el primer gobierno de Felipe González.
Ortega ha venido votando con la minoría progresista del Tribunal Constitucional en asuntos de gran trascendencia pública como el que acordó mantener en prisión al portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi por el intento de reconstrucción de la formación ilegalizada a través del proyecto Bateragune.
Su voto fue contrario al de la mayoría conservadora en otros asuntos como el que avaló el recurso presentado por el Parlamento de Navarra contra tres puntos de la reforma laboral, entre ellos el contrato de apoyo a emprendedores; o la previsión de la Ley de Seguridad Social de 1994, según la cual es necesario haber contraído matrimonio para poder acceder a la pensión de viudedad en caso de fallecimiento del cónyuge.