Hay que recordar que la Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla recurrió el pasado mes de noviembre el tercer grado concedido por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a Jaime Chaves, que actualmente únicamente acude a dormir al Centro de Inserción Social (CIS) Jiménez de Asúa de Sevilla, debido a su "historial delictivo" y a la existencia de antecedentes por delitos en el mismo ámbito.
De este modo, fuentes judiciales consultadas han explicado que en un auto notificado a las partes, contra el que cabe recurso tanto de reforma como de apelación, la juez ha decidido revocar el tercer grado concedido a Jaime Chaves y ha ordenado que pase a segundo grado, en una decisión que el imputado deberá cumplir inmediatamente con independencia de un posible recurso, han apuntado las fuentes.
Al hilo de ello, han señalado que, en su auto, la juez tiene en cuenta la "especial índole de la tipología delictiva", pues se trata de un delito de abusos sexuales a menores de edad, así como la "continuidad delictiva" del acusado, ya que fue condenado en el año 2003 al pago de una multa por un delito de exhibicionismo, un antecedente que no fue tenido en cuenta por el CIS a la hora de conceder el tercer grado.
De igual modo, la juez tiene en cuenta que el imputado se encuentra en una fase "muy inicial" de cumplimiento de la condena, y su "actitud ante el delito", ya que "no ha asumido plenamente" sus responsabilidades por los hechos cometidos. Además, también tiene en cuenta la "exigua" cantidad abonada de la indemnización que le fue impuesta por la comisión del delito.
La concesión del segundo grado implica que el sobrino de Manuel Chaves no pueda disfrutar de permisos hasta que cumpla una cuarta parte de la condena, que es de tres años y medio de cárcel, han indicado las fuentes consultadas por Europa Press.
El CIS consideró aplicarle el tercer grado penitenciario teniendo en cuenta que los hechos por los que fue condenado sucedieron hace años sin que el condenado haya reincidido. También tuvieron en cuenta que era su primera condena, que tenía un trabajo estable y apoyo familiar o que desde que se sucedieron los abusos hasta que se presentó de manera voluntaria en el CIS (el pasado septiembre), "se ha casado y ha tenido una niña", según la directora del CIS.
Otra de las razones fueron su disposición a recibir tratamiento y a pagar a sus dos víctimas las indemnizaciones a las que fue condenado (10.000 y 8.000 euros).