Cabe recordar que la juez había imputado en esta investigación al expresidente del Gobierno de Navarra Miguel Sanz, al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y al exconsejero de Economía Álvaro Miranda.
Barcina, cargo aforado que sólo puede ser investigado por el Supremo, formó parte, junto con los tres imputados, de la Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra, un reducido órgano consultivo de la entidad en el que sus integrantes cobraban dietas por la asistencia a reuniones.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona ha estado investigando desde comienzos de año el cobro de dietas en la entidad, al considerar que estas percepciones podrían tener un sustento "cuanto menos dudoso", y ha apuntado la existencia de indicios de presunto cohecho. Ha tomado por ello declaración como imputado a una cuarta persona, el exdirector general de CAN Enrique Goñi.
La juez ha venido manifestando que las denominadas sesiones de reporte (Permanente) tenían lugar con "carencia absoluta" de soporte normativo que las justificara y que sus integrantes "fueron elegidos de manera arbitraria por quien convocaba esas sesiones, que era el presidente de la Junta de Entidades Fundadoras y presidente del Gobierno de Navarra".
El fiscal se oponía a remitir el caso al Tribunal Supremo al estimar que el cobro de dietas no constituye delito de cohecho.