La fiscal ha explicado que la sentencia condenatoria "sitúa históricamente" la cuestión en relación a los hechos que van desde abril de 2012 a julio 2013 en el marco de la operación 'Cesto' por la que se condena a los once acusados por delitos de integración en organización terrorista y tenencia ilícita de armas.
Por su parte, la defensa de los dos cabecillas de la célula ha solicitado la redacción de una nueva sentencia por la Audiencia Nacional.
La representante del Ministerio Público ha respondido a esta petición de la defensa aludiendo a que la condena hace referencia "machaconamente" a las relaciones existentes entre los acusados, sobre los cuáles "no cabe interpretación de terrorismo individual" y considera "insostenible" que se les entienda solo como simpatizantes religiosos.
Además, ha argumentado que la petición de la defensa --que además de la anulación de sentencia en el caso de los cabecillas pide rebaja de pena y absolución para el resto-- no puede prosperar y ha matizado que no ha habido vulneración del derecho fundamental al secreto de comunicaciones por las escuchas practicadas ya que el control judicial de la medida ha sido "absoluto" y ajustado a derecho.
Los magistrados de la Audiencia Nacional destacaron en su resolución de 2015 "la radicalización y la peligrosidad" de los integrantes de la célula, a la que "voluntariamente se integraron siendo plenamente conscientes del muy notable servicio que hacían mediante el continuo envío de yihadistas para el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones terroristas filiales de Al Qaeda que operaban en Siria con la finalidad de imposición violenta de la Sharia, el Estado Islámico y finalmente el Califato Global".
DECLARACIONES DE FAMILIARES
Esta postura ha sido refrendada por la fiscal, que ha destacado las declaraciones de los familiares de algunos de los jóvenes captados que se trasladaron a Siria. Tras su desaparición, muchos de estos parientes, a las que la fiscal considera como "pruebas testificales importantes", acudieron a la Policía a denunciar la situación al tiempo que aportaron información sobre los miembros de la célula. De entre ellos destacan los dirigentes de la misma, Karim Abdeselam Mohamed e Ismail Abdellatif Al-Lal, sobre quienes recayeron las penas más altas.
Abdelkrim Chaib Abdelaziz, Mohamed Heyouf Mohamed, Tarik Mustafa Hamed, Abdelah Abdeselam Ahmed, Yassin Ahmed Laarbi, Abdeluahid Sadik Mohamed, Abdesamij Laiachi Abdeselam, Nordin Ahmed Abdel Lah fueron condenados a diez años de prisión, mientras que a Rochdi Abdeselam Abdel Lah, alias 'Tuita', se impuso una pena de un año y medio por tenencia ilícita de armas por la escopeta de cañones recortados encontrada en su domicilio en el barrio del Príncipe de Ceuta.
La fiscal refuta la versión de la defensa afirmando que "no se les condena por jugar a fútbol en la playa o aparecer en la mezquita, sino porque la prueba iniciaria es amplísima". Denuncia que algunos de los procesados llegó a golpear al imán de una mezquita por no seguir sus indicaciones, por lo que no se puede hablar de que en su conducta existan motivaciones únicamente religiosas.
Además dice que queda probado que algunos de ellos llegó a viajar a Siria por lo que "el grupo había pasado a la acción". También pone en duda que sea determinante el hecho de que cuando los condenados se enrolaron en el Frente al Nusra --la filial de Al Qaeda en Siria-- ésta no había sido reconocida todavía por la ONU como organización terrorista, al entender que no modificaba el objetivo de los condenados de captar y enrolar posibles fieles.
ABSOLUCIÓN DE LOS CONDENADOS
La defensa de los once condenados ha coincidido en que no existen pruebas suficientes para concluir que cometieron delito de integración en organización terrorista, por lo que la representación procesal ha pedido, por un lado, que se anule la sentencia de la Audiencia Nacional y se dicte una más ajustada a derecho para de Karim Abdeselam Mohamed e Ismail Abdellatif Al-Lal, sobre quienes recayeron las penas más altas, mientras que el resto pide rebaja de años y absolución para los otros procesados.
En concreto la defensa de los presuntos líderes de la célula argumenta que "no se ha podido observar tráfico de llamadas ni conversación telefónica con Siria". Además añade que tampoco se puede demostrar que existiera comportamiento delictivo de los acusados ni radicalización sólo por el material que se encontró sus domicilios. Respecto a este punto argumentan que los materiales incautados a los cabecillas fueron extraídos de varias habitaciones de una misma vivienda, por lo que no se puede concluir que fueran de los procesados.
Entre abril de 2012 y junio de 2013, fueron enviados al menos veintiocho yihadistas, de los cuales nueve eran ceutíes que integraban la célula desarticulada y otro marroquí, que fue acompañado por uno de los condenados a Algeciras. "Consta que fallecieron en actos terroristas poco después de llegar al menos ocho, seis de ellos ceutíes, en cuyas acciones murieron centenares de personas", según consideró demostrado la sentencia de la Audiencia Nacional.