Durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, que se celebra desde este miércoles en el Pleno del Parlamento, Díaz ha lamentado que para el Gobierno central "nunca sea un buen momento" para llevar a cabo esta reforma, cuando "lo cierto es que ya no admite más demora".
"Retrasar un nuevo modelo supone incumplir leyes como la Lofca y el compromiso firme que se adoptó en la pasada Conferencia de Presidentes", ha afirmado la jefa del Ejecutivo andaluz, para quien el Gobierno "intenta soslayar esta cuestión porque no ve capaz de afrontarlo con garantías de éxito".
Susana Díaz ha dicho que no quiere pensar que dicho retraso "esté destinado a propiciar un deterioro de los servicios públicos, que sea el caldo para el deseo de privatización que algunos tienen y no pueden ocultar", y ha criticado que haya quienes ante ese retraso "se conformen con mirar atrás y decir que fue aprobado durante un gobierno con presidente socialista".
Díaz ha apuntado la "mala aplicación" que se ha hecho del actual sistema, con un "evidente impacto" en las cuentas andaluzas. Según ha precisado, en 2009, durante su primer año de vigencia, la diferencia entre la comunidad que más recibía y Andalucía era por habitante de 489 euros, mientras que en 2015 la diferencia asciende a 818 euros.
"Queremos darle solución a un problema que cada año nos cuesta el equivalente a lo que tiene presupuestado la Consejería de Fomento, un agujero negro de 5.500 millones, que habría permitido a Andalucía crecer a un 3,8 por ciento del PIB y crear en torno a 100.000 empleos más", ha señalado la presidenta.
SANTAMARÍA "DESAUTORIZA" AL PP-A
En este contexto, ha destacado que la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamáría, admitió hace solo 48 horas que Andalucía "necesita y merece" una nueva financiación. "Nos alegramos infinitamente de que desautorice de plano a quienes, desde esta misma Cámara, han sostenido que Andalucía no tenía un problema de financiación", ha manifestado.
Junto con la necesidad de abordar "sin más dilaciones" el nuevo sistema de financiación autonómica, Díaz ha reclamado también una necesaria política de convergencia regional. Según ha precisado, los los instrumentos destinados a favorecer la convergencia regional están actuando desde hace años como "factores de desequilibrio".
Ha explicado que una buena muestra de ello es lo que viene ocurriendo con el Fondo de Compensación Interterritorial. "A día de hoy se trata de un fondo totalmente desnaturalizado, que no está cumpliendo la función para que la fue diseñado", ha afirmado la presidenta, quien ha denunciado que Andalucía recibió en 2016 de dicho fondo 160,3 millones, "20 veces menos de esos mínimos históricos que deberíamos estar recibiendo".
A su juicio, supone también "un escándalo" lo que ha pasado con las inversiones en Andalucía, en relación a los PGE. "Se presupuesta poco, este último año con un recorte del 36 por ciento de las inversiones, pero se ejecuta aún menos", ha censurado la jefa del Ejecutivo andaluz, quien ha denunciado el "grave incumplimiento" del Estatuto de Autonomía de Andalucía.
"Solo entre 2012 y 2017 nos ha costado a las arcas públicas andaluzas 1.374 millones; y la no aplicación del principio de adicionalidad, la pérdida de 7.550 millones", ha señalado Díaz, al tiempo que ha pedido acabar con la "subasta" a la que cada año se someten los PGE, "que no deben ser utilizados para enfrentar territorios".