El exalcalde de Alicante, al igual que su sucesora en el cargo Sonia Castedo, se encuentra imputado en esta causa por los presuntos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.
A lo largo de los últimos meses, la defensa de Díaz Alperi ha presentado dos recursos contra su imputación ante el TSJCV, en los que alegaba que se había vulnerado su derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva por falta de concreción de los hechos que se le imputan, argumentos que han sido desestimados por el alto tribunal valenciano.
Por ello, el exmandatario presentó un recurso de amparo que el Tribunal Constitucional, en una resolución del pasado 9 de mayo, ha acordado no admitir a trámite "dada la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo, violación que de acuerdo con el artículo 44.1 LOTC, es condición para que este Tribunal pueda ejercer dicha tutela".