Así lo han señalado a Europa Press fuentes jurídicas que explican que el acuerdo sobre el rechazo de la suspensión era prácticamente unánime antes del receso que se dieron los magistrados después de admitir a trámite los recursos. La decisión, no obstante, aún no se ha adoptado y se votará cuando el Pleno vuelva a reunirse a partir de las 16.30 horas.
La decisión de rechazar las medidas cautelares -que consisten en la suspensión de los efectos de los acuerdos parlamentarios adoptados hasta ahora por el Parlament para impulsar la declaración- era clara desde el inicio del debate, según las mismas fuentes, si bien los magistrados discrepaban de algunos términos de las ponencias presentadas y por ello se resolvió dar tiempo hasta la tarde para perfeccionar la redacción del acuerdo. Es poco probable que las posturas se hayan modificado desde entonces.
La suspensión del debate como medida previa a la discusión del fondo del asunto tan solo había sido planteada en los recursos de Ciudadanos (C'S) y del PP catalán, mientras que el PSC no la incluyó al entender que el tribunal de garantías no iba a aceptarla, tal y como manifestó este miércoles ante las puertas del tribunal el propio líder de la formación, Miquel Iceta.
No existen antecedentes jurídicos de anulación por el TC de acuerdos parlamentario según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, que diferencian este caso del que llevó al TC, en abril de 2004, a inadmitir los recursos presentados por el Gobierno contra los acuerdos del Gobierno Vasco que aprobaron el denominado "Plan Ibarretxe". Se trataba de adoptar medidas contra la decisión de la Mesa del Parlamento vasco que dio luz verde al inicio de la tramitación del proyecto.
**Siempre que se han pedido medidas cautelares en un recurso de amparo se ha hecho para tratar de dejar en suspenso ejecuciones de sentencias cuyo cumplimiento podría afectar gravemente a derechos fundamentales de las personas. Además, el Tribunal Constitucional sólo ha acordado este tipo de medidas de forma excepcional.
** El TC, integrado actualmente por once magistrados tras el fallecimiento de Luis Ortega el pasado 15 de abril, tiene una clara mayoría conservadora al haber sido siete de sus magistrados --entre ellos su presidente Francisco Pérez de los Cobos-- designados con un claro apoyo del PP frente al resto de miembros, tres de los cuales --Adela Asúa, Juan Antonio Xiol y Fernando Valdés--, se incardinan en la denominada ala progresista. A todos ellos se suma Encarnación Roca, propuesta por el Parlamento catalán en 2012 con el visto bueno de CiU.
Por lo que se refiere al fondo del asunto los magistrados del tribunal de garantías han apreciado que los recursos de amparo presentados este miércoles cumplen el requisito de la "especial trascendencia constitucional" que exige la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) "porque plantea cuestiones sobre las que no hay doctrina de este Tribunal".
Asimismo, el TC señala en su resolución de admisión a trámite que el asunto planteado "trasciende del caso concreto, al suscitar una cuestión jurídica de relevante repercusión social, con consecuencias políticas generales".