En su recurso, el Gobierno solicitó la medida de suspensión de la norma en cumplimiento de artículo 161.2 de la Constitución, al considerar que la ley catalana vulnera la unidad de mercado y que excede las competencias de la Generalitat para firmar acuerdos internacionales. Cuando transcurran los cinco meses de pérdida de vigencia, y si no ha resuelto aún sobre el fondo, el tribunal de garantías podría prorrogar esta suspensión.
En una providencia notificada este viernes, el TC acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Parlamento y a la Generalitat de Cataluña, que dispondrán de quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.
La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, que el tribunal resolverá en próximas fechas, según ha advertido el propio órgano en una nota informativa.
En su recurso, el Gobierno apuntaba que la norma excede las competencias de la Generalitat al facultar a la Secretaría General de Deporte para firmar convenios y acuerdos de equiparación de profesionales y competencias mínimas con registros de otros países de la UE, porque Cataluña no tiene competencias para firmar acuerdos internacionales.
También se considera inconstitucional la obligación de que se inscriban en un registro los profesionales del deporte que ejerzan en Cataluña sin que queden excluidos de la obligación los que ejercen legalmente su actividad en otras partes de España y deseen hacerlo también en esa comunidad. Eso, ha dicho, vulnera la unidad de mercado y supone un elemento de inconstitucionalidad porque vulnera el principio de eficacia nacional.