Así lo ha subrayado durante su declaración en el juicio del caso Nóos, comparecencia que entre este jueves y viernes acumula más de ocho horas. Le continúa interrogando el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, a quien seguirán el resto de las acusaciones y las defensas de los inculpados.
En su comparecencia, Tejeiro, para quien la Fiscalía reclama dos años de cárcel en virtud de un acuerdo de conformidad rubricado hace un año y medio, ha explicado que esta práctica constituía una vía para que el dinero de origen presuntamente ilícito -hasta 6,2 millones cobrados de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid- acabara en las cuentas de ambos exsocios.
El excontable, hermano de la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, subraya cómo las empresas que conformaban el entramado -Instituto Nóos, Nóos Consultoría Estratégica, Intuit, Shiriaimasu y Aizoon- eran entidades vinculadas entre ellas que operaban en el mercado como si fueran una sola, todo ello bajo la dirección de Urdangarin y Torres, quienes ostentaban el control dentro del grupo.
"Urdangarin no estaba físicamente pero sé que había contactos y gestiones entre ellos, puesto que me lo contaba Torres", ha manifestado el acusado quien, según ha recordado, dejó el Instituto Nóos en 2007. "Me dijeron que me fuera, les debía de salir caro", ha aseverado Tejeiro, quien ha manifestado que ya entonces el marido de la Infanta Cristina y Torres "estaban picados y peleados".
Tejeiro, a preguntas de Horrach, ha explicado que el margen comercial o de beneficio que habría de remansarse en el Instituto Nóos no se destinaba a los fines y objeto de la asociación, sino que se vehiculaba a las mercantiles privadas de Torres y Urdangarin.
FACTURAS CRUZADAS POR IMPORTE DE OCHO MILLONES DE EUROS
Según un informe de la Agencia Tributaria incorporado a la causa, el importe total de las facturas que se cruzaron dentro del conglomerado empresarial llegó a ascender a ocho millones de euros.
Más en concreto, Hacienda precisa que en 2004 la facturación que se efectuó entre las propias empresas de la trama por trabajos supuestamente fictios ascendió a 1,4 millones, mientras que en 2005 fue de 2,1 millones, en 2006 de 2,2, en 2007 de 1,7 y en 2008 de 412.225 euros.
El dictamen destaca cómo "con mucha frecuencia" las facturas se emitían bajo conceptos "extremadamente genéricos o imprecisos", la mayoría de ellas tenían importes "redondos" al tiempo que se han verificado, además, duplicidades respecto a proveedores externos del conglomerado empresarial, "incongruencias" así como "casos notorios de inexistencia del servicio pretendidamente prestado y, en el extremo, de falsificación material de la propia factura".
EL ENTRAMADO, UN "PURO ANDAMIAJE JURÍDICO" PARA DESVIAR FONDOS
Tal y como ponía de manifiesto el fisco, las entidades que integraban el grupo devienen "meros instrumentos para drenar y distribuir los recursos obtenidos por medio de la marca Nóos entre sus dos propietarios y dirigentes, los imputados señores Torres y Urdangarin". De hecho, la AEAT llega a aludir a la trama como un "puro andamiaje jurídico formal". Unos hechos que ha ratificado Tejeiro durante su declaración.
En lo que al sistema de reparto entre los socios se refiere, Hacienda señala que entre 2004 y 2005, bajo la presidencia de Urdangarin, las facturas que recibieron el Instituto Nóos y Nóos Consultoría de las demás entidades del conglomerado ascienden aproximadamente a una tercera parte del total de ingresos obtenidas por ambas. Ese tercio, a su vez, se repartía al 50 por ciento entre el exduque, a través de la mercantil que comparte con la Infanta Cristina -Aizoon- y su exsocio a través de sus sociedades.
Las pesquisas abundan en que la actividad principal del conglomerado se centró principalmente en lograr la adjudicación para organizar las tres ediciones del denominado Valencia Summit y las dos del Illes Balears Forum, cuyo coste real fue notablemente inferior a los fondos que el Instituto Nóos percibió de la Comunidad de Valencia y de Baleares. En total, la entidad cobró por organizar estos eventos 5,9 millones de euros, a pesar de que su verdadero coste fue de 1,6 millones, según datos de la Agencia Tributaria.