La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha informado este martes que el presidente Quim Torra mantendrá el lazo amarillo en la fachada de la Generalitat, tras la petición que la Junta Electoral Central (JEC) le formuló este lunes por segunda vez.
Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, después de que la JEC insistiera este lunes, en una nueva resolución, que la Generalitat debe retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en un plazo de 24 horas, que finaliza este martes.
En un escrito dirigido a la JEC, Torra alega que el acuerdo del 18 de marzo es “sustancialmente diferente a lo que acordó” la Junta con fecha “11 de marzo" y que “han aparecido elementos nuevos”, para “formular” así distintas aclaraciones.
Entre ellas, manifiesta que el 11 de marzo la JEC se refería exclusivamente a la ‘retirada de banderas esteladas o lazos amarillos que puedan encontrarse en cualquier edificio público dependiente de la Generalitat’, señalando que “en el del 18 de marzo sustituye la conjunción disyuntiva ‘o’ por la conjunción ‘y’”, por lo cual, el significado de la frase sufre un alteración que creemos necesario que la Junta Electoral Central aclare”.
Así mismo, Torra insiste en su escrito en “la imposibilidad de llevar a puro y debido efecto el requerimiento mencionado”, señalando que entre los “bienes inmuebles que son propiedad de la Generalitat”, algunos están “gestionados por empresas públicas o entes instrumentales que forman parte del sector público de la Generalitat”, mientras “otros se encuentran cedidos a empresas privadas prestadoras de servicios públicos, a consorcios, fundaciones, mancomunidades, entidades sociales…”, centros, dice, “con autonomía funcional”; “edificios en los que el President de la Generalitat difícilmente puede ordenar el cumplimiento del requerimiento”.
Del mismo modo, informa de que han solicitado “al Sindic de Greuges su opinión sobre la cuestión” con el fin de lograr “opinión y esclarecimiento” sobre aspectos que consideran “controvertidos”.
Así, el escrito firmado por Quim Torra concluye solicitando a la Junta Electoral “que tenga por efectuadas las solicitudes de aclaraciones y, en consecuencia, proceda a la suspensión del plazo concedido por el acuerdo del 18 de marzo hasta que no se aclaren los extremos solicitados”.
La respuesta por parte de la JEC no se ha hecho esperar: el acuerdo del 18 de marzo “no es sustancialmente diferente al del 11, sino al contrario, sustancialmente idéntico”, por lo que, señalan “no es necesario hacer la aclaración que se solicita”.
Además, en un segundo punto subrayan que Torra ni identifica “aquellos edificios respecto a los que no pudiera cumplir lo ordenado” ni ofrece “razones jurídicas que sean demostrativas” de su “imposibilidad de ejercer sobre aquello que le fue ordenado”.
Así las cosas, concluye la Junta Electoral Central, “no ha lugar a suspender el plazo concedido en el Acuerdo de 18 de marzo, que deberá observarse con exactitud”.