En concreto, una orden sería nacional y se comunicaría vía policial, mientras que una segunda requisitoria sería internacional y se pondría en conocimiento de la Interpol vía fax.
No obstante, una vez que el exalcalde aparezca, estas dos órdenes, que se están ultimando y estarían firmadas por los magistrados de la Sala, Juan Martínez Moya, Manuel Abadía y Enrique Quiñonero, cesarían.
Por auto de 30 de mayo, la Sala Civil y Penal ordenaba "la inmediata detención e ingreso en prisión en calidad de preso" de Morales por su implicación en el llamado 'caso Tótem', de corrupción urbanística en el citado municipio. El tribunal decreta el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia firme, de dos años de privación de libertad, por el delito continuado de cohecho.
Según ha podido saber Europa Press, la pena de prisión a cumplir por Morales sería de tres años y seis meses. Y es que, a los dos años por el delito de cohecho habría que sumarle un año más por el impago de la multa de los ocho millones por ese delito y seis meses más por no pagar 133.000 euros por el delito de blanqueo.
La Unidad Adscrita de la Policía Judicial de la Guardia Civil que se encuentra en el Palacio de Justicia se puso en contacto con Morales el pasado miércoles, para ponerle en su conocimiento una notificación y cumplir la orden de la Sala.
Aunque el contenido de dicha notificación, con fecha de ese mismo día, no trascendió a Morales, que según le manifestó a los agentes se encontraba en Cádiz y que llegaría esa misma noche a Totana, quedando en hablar con ellos al día siguiente --jueves-- para que le fuera comunicada esta notificación, éste apagó el móvil al enterarse por los medios de comunicación que se ordenaba su ingreso en prisión, por lo no ha sido posible que la Unidad lo localice desde el miércoles.
De este modo, al no poder localizar a Morales, la Unidad Adscrita de PJ de la Benemérita se ha puesto en contacto con el TSJ para que se curse la requisitoria para busca y captura de esta persona que no está localizada, ya que todo reo tiene obligación de estar localizado a disposición del tribunal.
La búsqueda no se limitaría sólo a España, sino que se extendería por todos los países, puesto que se tiene la impresión de que "ha desaparecido del mapa y que podría estar por alguna zona de la Región agazapado en algún sitio".
Y es que, aún presentado recurso de súplica su abogado, Morales iría a prisión. No obstante, si Morales se pusiera en contacto con la Guardia Civil no se emitiría esta orden y en caso de que ya se hubiera dictado, se revocaría automáticamente comunicando este hecho a las FCSE.