Se trata de un trámite para el que la sala, que deliberará y votará en pleno, no tiene un plazo determinado para emitir su decisión, según han informado fuentes jurídicas. En su resolución, el TSJCV decidirá si es competente para investigar los delitos atribuidos a Camps y Barberá o si, por contra, no ve indicios y remite el procedimiento de nuevo a Palma de Mallorca, a quien hasta ahora ha sido el instructor de esta parte, el juez José castro. En el primer caso, se designaría a un magistrado instructor, de acuerdo con el turno que se sigue en la sala.
Asimismo, la sala, en el caso de declarase competente, no está obligada en ese mismo momento a pronunciarse sobre una posible imputación de Camps y Barberá, una decisión que, por tanto, se puede adoptar directamente en esa resolución o en otra posterior, si fuera el supuesto decidido.
El pasado mes de mayo el juez Castro elevó al TSJCV su exposición razonada con indicios delictivos sobre Camps y Barberá en relación con su participación en las negociaciones previas a la firma del convenio de los Valencia Summit, por los que el Instituto Nóos, que estuvo presidido por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, percibió alrededor de tres millones de euros públicos.
El magistrado apuntaba, entre otros motivos, a la "inadecuada" elección de los cauces procedimentales a través de los cuales se contrataron los servicios de la entidad, toda vez que se "prescindieron" los trámites obligados por la ley así como el "sentido común y la rutina".
El pasado 26 de junio el secretario de la sala trasladó al ministerio fiscal y al resto de partes del proceso que tenían dos días hábiles para conocer la exposición razonada que fue remitida por Castro, con lo que, al ser agosto inhábil, ya se pasaba a septiembre. De hecho, el TSJCV rechazó ampliar el plazo para que las partes se pronunciaran sobre la exposición razonada, una petición solicitada por Fiscalía, que alegaba complejidad de las investigaciones.
PRESENTACIÓN DE ESCRITOS
El PSPV presentó su escrito el pasado viernes mientras que Fiscalía formalizó el suyo este lunes. El ministerio público atribuye a Camps y Barberá la presunta comisión de delitos de malversación continuada, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad en documento oficial y subraya cómo "dada su ascendencia institucional en la estructura jerárquica", transmitieron a sus subordinados las órdenes presuntamente delictivas de beneficiar al Instituto Nóos.
Fiscalía sostiene que el TSJCV debería asumir íntegramente la causa en el supuesto de que finalmente vea indicios incriminatorios contra ambos aforados y considere que efectivamente deben ser encausados ya que cree que la pieza número 25 del caso Palma Arena --más conocida como 'caso Nóos'-- no puede dividirse en dos como postula el juez instructor --la parte de Valencia y la de Baleares-- como tampoco pueden ser juzgadas por separado ante la conexión entre todos los hechos investigados.
Por su parte, los ediles del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia --personados como acusación popular-- atribuyen a Camps y Barberá los delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, fraude a la administración y tráfico de influencias y se suman a la petición del instructor para que esta instancia asuma la competencia para instruir esta parte del caso.