Ambos, Diego Gómez-Reino y Mónica de la Serna, habían sido recusados por la acusación popular, que apuntaba a su "falta de imparcialidad" y aseveraba que su decisión sobre el futuro procesal de la Duquesa de Palma podría estar condicionado, después de que el año pasado ya acordasen sobreseer el primer encausamiento de la Infanta.
En su auto, la Sala Especial constituida para resolver la recusación argumenta que los dos magistrados no están cumpliendo la función de enjuiciamiento sobre la culpabilidad o inculpabilidad de la Infanta.
De hecho, asevera que no cabe hablar, como postula Manos Limpias, de ningún "juicio adelantado, toma de postura previa, posicionamientos preconcebidos o enfoque desde un prisma personal".