Los tres grupos con representación en el Parlamento gallego han suscrito un acuerdo para pedir a la Xunta que traslade al Ministerio de Justicia su rechazo a la propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la reforma de la Ley de Demarcación y Planta, que supondría la supresión de 32 juzgados en Galicia.
La iniciativa ha salido adelante este miércoles en el pleno de la Cámara autonómica a raíz de una iniciativa del BNG --transaccionada con el PSOE-- y defendida por Tereixa Paz, quien ha aseverado que el departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón anunció que asumiría este informe como base para la redacción de la nueva ley.
Además, la proposición no de ley pedía que la Xunta reclamase las competencias sobre la "demarcación, creación, modificación y supresión" de los partidos judiciales y de la creación de órganos judiciales. No obstante, este aspecto fue rechazado por el grupo mayoritario, partidario de abordarlo en "un debate más largo".
"GOLPE" AL RURAL
En cuanto al acuerdo, la parlamentaria nacionalista ha advertido de que la supresión de juzgados sería "un nuevo golpe a la población del rural", a la que se retiran servicios. Dicho esto, ha censurado la "hipocresía" de la Xunta al mostrar su "preocupación" por la despoblación rural y por la caída demográfica.
Al hilo de ello, la diputada del PSOE Dolores Rodríguez Amoroso ha evidenciado que a los abogados no les "compensaría" mantener sus despachos en zonas rurales, de modo que "se condenaría de muerte" a muchas poblaciones. En cuanto a los funcionarios, ha avisado de que desplazarlos a las ciudades sería "un ataque a sus derechos laborales".
Para ilustrar el "perjuicio" que supondría para los ciudadanos, además, ha utilizado como ejemplo la provincia de Orense, donde únicamente quedarían dos juzgados de los nueve actuales. Una persona de Entrimo, ha dicho, tendría que desplazarse casi 100 kilómetros --más de una hora de viaje-- para defender sus derechos. "No se puede pensar Galicia desde Madrid", ha recalcado.
Y, al igual que la nacionalista, la socialista Dolores Rodríguez Amoroso ha hecho hincapié en que el alejamiento de la Justicia de los ciudadanos supone "violar el derecho a una tutela judicial efectiva".
"SE DEBE REFORMAR LA PLANTA JUDICIAL"
En su turno de posicionamiento, Paula Prado ha llamado la atención sobre la necesidad de reformar la planta judicial, algo que, como ha recordado, ya estudió el anterior ministro de Justicia, el socialista Francisco Caamaño. Por ello, ha criticado que ahora los grupos de la oposición no presenten "alternativas" y únicamente aporten "críticas".
Dicho esto, al igual que hicieron distintos representantes de la Xunta en las últimas semanas, ha señalado que el informe del CGPJ "no tiene ningún valor legislativo" sino que únicamente es "un documento provisional de trabajo". "Es un informe más", ha insistido, a fin de rebajar su importancia.
En todo caso, ha aseverado que el ministro de Justicia "prometió" a las comunidades que podrían presentar alegaciones al texto para manifestar que "Galicia tiene mucho que decir". "Y me consta que se nos escuchará", ha avanzado, al tiempo que ha mostrado su concordancia en que no sólo se puede tener en cuenta el criterio poblacional para la nueva demarcación.
"El número de asuntos, la distribución comarcal, las condiciones socioeconómicas o la existencia de transportes" son algunos de los principios que, según la parlamentaria popular, se deben analizar.
Finalmente, Tereixa Paz ha reclamado a la Xunta que muestre ya su postura antes de que "se consolide" como base de la reforma legislativa el citado informe del CGPJ. De lo contrario, ha advertido, se constatará que el PP pretende "dos justicias: una para los que pueden pagar y una falta de justicia para los que no".