La UPF denuncia la precipitación en la entrada en vigor de las últimas medidas judiciales

Así lo han expresado en un comunicado en el que han recordado que estas reformas han sido rechazadas por la mayor parte de los juristas de España ya que "inciden negativamente en los derechos fundamentales de los ciudadanos".

El sindicato de fiscales ha afirmado que "asisten atónitos" ante estas reformas legislativas porque "no ha permitido realizar con tiempo a los operadores jurídicos un análisis riguroso y en profundidad de las modificaciones introducidas" como ha ocurrido con el excepcional plazo de tres meses de 'vacatio legis' establecido por la Ley Orgánica 1/2015 para la entrada en vigor de la reforma del Código Penal.

Estas modificaciones son "serias disfunciones en el ejercicio diario" de la profesión y generan "una indeseable carga de trabajo adicional" cuando, "en teoría", la reforma se lleva a cabo para "aliviar el volumen de la actividad" de Juzgados, Tribunales y Fiscalías, ha explicado el sindicato.

"Incluso, la reforma penal implantada --con la introducción de los delitos leves-- conlleva una drástica reducción de las garantías del justiciable", ha apuntado la UPF.

DERECHOS LABORALES

Además han denunciado que las "otras muchas reformas" relativas a la mejora de los derechos laborales de los fiscales, y que son dependientes de "únicamente de la voluntad" del departamento que dirige Rafael Catalá, se han aplazado "'sine die' o quedan directamente en el olvido".

Por ello, UPF ha recordado que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas "aún adeuda" a los funcionarios de la Administración de Justicia "buena parte de la paga extraordinaria" de diciembre de 2012.

Asimismo ha insistido que el Ministerio de Justicia "tiene pendiente de resolver" las reclamaciones efectuadas por el día de libranza no disfrutado tras la guardia y ha solicitado una aclaración sobre "qué ocurre" con los derechos pasivos en relación con otros cuerpos funcionariales del Estado.

AUTONOMÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Unión Progresista de Fiscales ha aprovechado para pedir la autonomía del Ministerio Público y, en concreto, su autonomía presupuestaria debe ser "promesa y bandera" de la actual Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, como ya lo fue del anterior.

"Esa ansiada y necesaria autonomía resulta aún una mera quimera a la que, sin embargo, no estamos dispuestos a renunciar", ha destacado el sindicato.

Esta reclamación se debe a que la sujeción de la Carrera Fiscal al Ministerio de Justicia en materia de nombramientos, resoluciones, recursos y, especialmente, en cuestiones de índole presupuestaria, "impiden" que el Ministerio Fiscal en España "sea autónomo del poder ejecutivo".

Entre otras cosas, UPF ha constatado que la transferencia en materia de provisión de medios materiales a las Comunidades Autónomas "provoca indeseables diferencias entre Fiscalías".