El partido que encabeza Rosa Díez ha registrado esta semana en la Cámara Baja una interpelación al Gobierno sobre esta cuestión, si bien no se ha podido incluir en el orden del día del Pleno de la próxima semana por falta de cupo.
Por tanto, y teniendo en cuenta que no hay sesiones plenarias las dos siguientes semanas, por elecciones en Galicia y País Vasco y por el debate de totalidad de los Presupuestos, la interpelación no se debatirá hasta el 31 de octubre, mientras que la subsiguiente moción no se votará hasta casi un mes después, también como consecuencia del debate en comisión y en Pleno de las cuentas públicas.
ATAQUES "PELIGROSOS"
En su texto, al que tuvo acceso Europa Press, UPyD justifica la presentación de esta iniciativa ante la necesidad de poner fin a los "peligrosos" ataques al orden constitucional que se están registrando en España, como son las consultas populares "al margen de la legalidad" que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, tiene previsto convocar, con el apoyo de ICV y de los independentistas más la abstención del PSC.
Según la formación magenta, esas consultas, enmarcadas en "grandilocuentes" palabras como el "derecho a decidir" o "arrogándose la voluntad del pueblo", lo que realmente buscan es "vulnerar por la vía de los hechos" la Constitución y, con ella, todo el Estado de Derecho, dejando con ello a los ciudadanos "absolutamente indefensos".
UPyD dice ser consciente de que se puede perseguir tales conductas con otros mecanismos legales, como el recurso al Tribunal Constitucional, si bien recalca que son instrumentos que "carecen de la rapidez y la contundencia" de la vía penal y, además, pueden resultar "ineficaces".
FUE UN "DESACIERTO" ELIMINARLO
De ahí que ahora ponga encima de la mesa la necesidad de recuperar el delito de convocatoria ilegal de elecciones o de consultas populares por vía de referéndum, una figura implantada en época de José María Aznar frente al 'Plan Ibarretxe' y que fue eliminada del Código Penal durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero bajo el argumento que "se refieren a conductas que no tienen la suficiente entidad como para merecer el reproche penal".
Una decisión, en opinión de UPyD, "desacertada" porque privó al Estado de un instrumento "esencial" para reprimir conductas que suponen "un auténtico desafío" para el orden constitucional y una "transgresión" del orden jurídico.