La formación magenta justifica la presentación de esta iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, en la necesidad de "establecer criterios de racionalidad organizativa, evitar el mal uso de los recursos públicos y favorecer la eficacia de la acción de gobierno".
UPyD cree que en tiempos en los que se pretende asegurar la estabilidad de la economía y la sostenibilidad de las cuentas públicas, parece "lógico" establecer una estructura administrativa "clara y estable" y que ésta quede al margen de los cambios de gobierno, como ocurre en otros países de nuestro entorno.
APARATO PÚBLICO EFICAZ
"En plena crisis económica, deben redoblarse los esfuerzos para garantizar que la organización administrativa esté libre de duplicidades innecesarias, gastos superfluos y órganos ineficaces -sostiene--. Ahora, más que nunca, resulta necesario contar con un aparato público eficaz y previsible".
Por ello, el partido que lidera Rosa Díez quiere que el Gobierno presente en el plazo de seis meses una propuesta "debidamente motivada" sobre la mejor estructura posible del Gobierno, "pensando en dotarla de estabilidad en el tiempo" y teniendo en cuenta además no sólo la experiencia pasada, la de otros países de nuestro entorno y el reparto competencial.
Asimismo, le emplaza a elaborar un proyecto de ley en el que se especifique el número, la estructura y la denominación de los ministerios, en la que quede excluida la vía decreto-ley por afectar al ordenamiento de una de las instituciones básicas del Estado.
CRITERIOS COMO LA POBLACIÓN Y LAS COMPETENCIAS
Pero, además, busca que esta medida se extienda a las comunidades autónomas, en las que la modificación de consejerías también está "deslegalizada". En concreto, en su propuesta plantean que en aquellas autonomías donde no haya una estipulación estatutaria que diga lo contrario, se traslade al ámbito autonómico los mismo principios que fije la Ley, instando al resto a promover la correspondiente modificación estatutaria.
De la misma forma, el partido que capitanea Rosa Díez en la Cámara Baja pide establecer un umbral de máximo y mínimo de número de consejeros en función de criterios objetivos, como la población y las competencias asumidas.
UPyD entiende que las comunidades deben gozar de autonomía para establecer la organización que estimen más adecuada a sus competencias, pero recalca que también lo es que el Estado tiene competencias para fijar bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica así como las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas.