Se trata de dueños de empresas de construcción de viviendas y de otras instancias vinculadas a la actividad, entre ellos algunos bancos, que forman parte de "todo un conjunto de delitos de la delincuencia organizada", sostuvo la fiscal en rueda de prensa.
Tras reunirse con algunas víctimas de la estafa, cometida contra un número aún por determinarse de particulares, que a través de esas empresas gestionaron la adquisición de una propiedad inmobiliaria, la fiscal dijo que "el Ministerio Público logró sensibilizarse aún más en este tema, que constituye un asunto de Estado".
Además de los detenidos y buscados, Ortega dijo que se han dictado 161 medidas de prohibición de salida del país y otras 205 de congelación de cuentas bancarias y prohibición de enajenar y gravar propiedades.
Se trata, subrayó, de disposiciones "contra los bienes de los dueños de empresas" involucradas.
"Ni siquiera puedo señalar el nombre de las personas con orden de captura", pero los allanamientos continúan y "es posible que hoy se dicten medidas también contra municipales que otorgaron permisos de habitabilidad sin que la obra estuviera terminada", agregó.
Las víctimas "pagaron precios exorbitantes" por casos o por departamentos en edificios construidos en terrenos "que ni siquiera eran propiedad" de las inmobiliarias y el asunto se extiende por prácticamente todo el país, reveló.
"Los estados Amazonas (Suroeste) y Vargas (noreste) son los únicos donde no hay estafa inmobiliaria", remarcó la funcionaria.
El presidente del país, Hugo Chávez, ha insistido en las últimas semanas en que perseguirá este tipo de delitos, en medio de una campaña para resolver la crisis de vivienda que sufre el país.
El pasado mes de enero, durante una reunión con supuestos damnificados de una estafa inmobiliaria, Chávez advirtió al Banco Provincial, filial en Venezuela del español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), de que podría ser expropiado si no atendía a las víctimas y no cumplía con las normas del país.
El propio presidente venezolano dijo posteriormente que no tenía ninguna intención de expropiar el banco, cuyas autoridades se reunieron con los damnificados.