Las víctimas de torturas cometidas durante el franquismo han advertido este jueves al Gobierno que está "obligado" por las normas y tratados internacionales a cumplir la orden internacional de detención preventiva, con fines de extradición, de la juez argentina María Servini de Cubría contra exaltos funcionarios de la Policía y de la Guardia Civil por presuntos delitos de torturas durante el franquismo.
La resolución recoge la orden internacional de detención preventiva, con fines de extradición, para el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el exescolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el excomisario José Ignacio Giralte González, y el exinspector José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño.
Así lo ha manifestado en una rueda de prensa celebrada en Madrid, la letrada Ana Messuti, componente del equipo de abogados argentinos que está trabajando en España en la causa de la querella argentina, quien ha estado acompañada por uno de los expresos antifranquistas y miembro de 'La Comuna' Manuel Blanco y por Bonifacio Sánchez, miembro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Messuti ha afirmado que, aunque el colectivo de víctimas no puede obligar a las "autoridades" españolas a ejecutar las detenciones, ha avisado de que sí podrían "denunciar a España". Según la letrada, que el Gobierno español "se niegue habiendo suscrito" tratados internacionales, "no le deja en muy buen pié".
En este sentido, la abogada argentina ha manifestado que España no puede "quedar como refugio" de personas reclamadas por la justicia y ha señalado que el Ejecutivo debería responder a la orden de la juez Argentina "razonablemente" en el plazo de seis meses.
UN "PASO IMPORTANTE"
En esta línea, Bonifacio Sánchez ha explicado que ya es un "paso importante" que, en caso de que abandonen España, serán detenidos por Interpol. Mientras, Manuel Blanco ha lamentado que durante el régimen franquista España fuera "refugio" de los nazis y ha agregado que "sería triste" que la democracia fuera el "manto protector" de estas personas.
Durante su comparecencia, Messuti ha detallado "nunca" ha habido ningún proceso abierto contra los cuatro agentes reclamados por Argentina, salvo en el caso del exinspector José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño. En relación con esto, Manuel Blanco ha explicado que "se negó a declarar" por el caso de la Matanza de Atocha de 1977 --un atentado terrorista cometido por extremistas de derecha en el centro de Madrid la noche del 24 de enero de 1977--.
Además de estos cuatro exaltos funcionarios, la querella se dirige contra otras cinco personas relacionadas con el régimen franquista (tres exministros, un juez del Tribunal de Orden Público y un militar). Ante esta situación, uno de los próximos reclamados por Argentina podría ser José Utrera Molina, ministro durante la dictadura de Francisco Franco, y suegro del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Manuel Blanco ha celebrado la decisión de la jueza por "histórica", porque hace "suyos los principios de justicia universal" e interviene en un caso "agotado" en España y ha añadido que no se había producido algo así desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se celebraron los Juicios de Núremberg.
"ALEGRÍA Y ESPERANZA"
Por su parte, Bonifacio Sánchez ha confesado que hoy es un día de "cierta alegría y esperanza", después de "77 años esperando un gesto". Por ello, se ha mostrado consciente de la "importancia" de esta resolución judicial, pues supone, desde su punto de vista, "una puerta abierta" a un futuro "esperanzador".
Ana Messuti ha hecho hincapié en que se trata de un "momento histórico" tanto para España como para Argentina y en que "muchas veces" no se percibe la "urgencia" de las víctimas por que se haga justicia. Así, ha confesado que "varios querellados" han fallecido recientemente, lo que hace de esta labor una "carrera contra el tiempo".
La abogada ha afirmado que "no sólo mueren los verdugos", sino también las "víctimas", de lo que ha calificado de "genocidio". Para la letrada, la resolución de la magistrada argentina supone un "triunfo parcial" porque hay una causa abierta que engloba un "panorama muy amplio y temático", que alcanza hasta el caso de los niños robados.
Finalmente, Manuel Blanco ha explicado que están en contacto con los partidos políticos y que en noviembre hay previsto un viaje a Argentina, a donde acudirán querellantes y una comisión de parlamentarios "aún no definida". "Están interesados en esta causa", ha zanjado.