El Gobierno gallego ha activado este jueves la última fase de su plan de racionalización que, hasta el momento, ha provocado la supresión de 57 entes de la denominada administración paralela. La eliminación de estos organismos, junto con la introducción de más de 400 mejoras y el resto de medidas "racionalizadoras", supone un ahorro de 40,7 millones euros al año --casi 165 en la legislatura-- y 623 empleos "amortizados".
Lo han concretado el vicepresidente y consejero de Presidencia, Alfonso Rueda, que ha comparecido al término del Consejo de la Xunta, con su titular, Alberto Núñez Feijóo, quien ha destacado que, a día de hoy, la Administración gallega ha retornado "a niveles de hace 10 años" con una "dimensión" equivalente a la de 2003.
En la tercera fase que ahora se activa, se estudiarán otros 32 organismos, para decidir cuál es su futuro: su supresión, integración con otras entidades o mejoras de otros tipos. Rueda ha concretado que dicho estudio se prolongará durante unos ocho meses y que la ejecución completa de este plan "pionero" estará antes de que finalice la legislatura y, probablemente, en el año 2015.
"Galicia es la primera comunidad en revisar a fondo toda su administración institucional", ha proclamado Feijóo, quien ha incidido en que su Gobierno no empezó con este plan "por imperativo legal" ni como una "condición sine qua non" para entrar en el fondo de pago a proveedores o en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)".
"Lo hicimos por convicción y porque creemos que le estamos haciendo un buen servicio a los gallegos", ha aseverado, mientras que Rueda, posteriormente, ha concretado que, al igual que en las otras dos fases, serán empleados de la administración los que se harán cargo de los trabajos de la tercera y sin recurrir a contrataciones externas, un paso que costaría "alrededor de un millón de euros".
32 ENTES A ESTUDIAR
En la nueva fase de racionalización se evaluarán la Fundación Galicia América; Centro Informático para a Xestión Tributaria, Financeira e Contable (CIXTEc); Instituto Galego de Estatística (IGE); Consello Galego da Competencia; Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística (APLU); Consorcio Casco Vello de Vigo; Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS); Instituto de Estudos do Territorio; Sogama y la Sociedade Pública de Investimentos de Galicia.
También se analizarán el Instituto Enerxético de Galicia (Inega); Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño; Fundación de Sotavento de Galicia; Instituto Galego de Consumo (IGC); Sodiga Galicia; Xesgalicia; Parque Tecnolóxico de Galicia; Vigo Convention Bureau; Galioil; Fundación do Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia Gradiant; Sotavento Galicia; Cidade Tecnolóxica Citexvi; Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña; y Adiante 2000, Fondo de Capital Riesgo.
Por último, se revisarán también la Axencia para a Xestión Integrada, Calidade e Avaliación da Formación Profesional; Fundación Camilo José Cela; Fundación Illa de San Simón; Fundación Dieta Atlántica; Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia; Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria Fegas; Fundación Galega de Formación para o Traballo; y la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader).
DECISIONES YA AVANZADAS
Aunque ha abogado por esperar al análisis de estos organismos para concretar cuál es el futuro de cada ente, Rueda ha recordado que hay decisiones ya avanzadas como la extinción de la Fundación Illa de San Simón o la integración del Instituto Galego de Consumo con el Consello Galego da Competencia.
Asimismo, ha advertido el la ley de racionalización, que tramita la Cámara autonómica, obligará a la Xunta a aprobar "periódicamente" planes de evaluación y reestructuración, tanto de la administración general como de la instrumental. La creación de nuevos entes quedará también supeditada a la emisión de informe favorable que acredite su necesidad.