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La localidad costera de Sfax, segunda ciudad en importancia de Túnez, se ha convertido este verano en punto principal de partida de la migración irregular en el país –que, a su vez, ocupa un lugar destacado en el conjunto de las rutas migratorias ilegales del Mediterráneo- y en el epicentro de una reacción de una parte de la población local contra las comunidades de origen subsahariano.
La debilidad del Estado tunecino –el próximo día 25 se cumplirán dos años desde el autogolpe del presidente Saied, que asumió entonces todos los poderes- ha dejado esta ciudad de más de 330.000 habitantes situada en el centro-este del país a merced de las mafias de la migración ilegal. Además, por Sfax deambulan miles de jóvenes de diversas procedencias, tanto magrebíes como subsaharianos, con el único afán de encontrar el momento idóneo de lanzarse a aguas mediterráneas a bordo de una embarcación para tratar de alcanzar tierra europea.
Pero la situación de la ciudad –ubicada a unos 270 kilómetros al sur de Túnez- saltaba a los titulares de medios de todo el mundo la semana pasada a raíz de la muerte por apuñalamiento de un joven tunecino a manos de un migrante –hay tres sospechosos- el pasado lunes 3 de julio. Un suceso que desencadenó enfrentamientos entre población local y comunidades migrantes con origen en otros países del África subsahariana, dejando un balance de decenas de heridos. Los de la semana pasada no fueron, ni mucho menos, los primeros choques entre población local y migrante. De hecho, la localidad, que vio llegar hace una década a los primeros inmigrantes del continente, fue escenario el día 25 de junio de una manifestación contraria a la presencia de subsaharianos en el municipio.
Para tratar de mantener el orden, las autoridades locales decidieron a partir del pasado miércoles comenzar a practicar deportaciones. Pero en la búsqueda y detención de candidatos a la expulsión, las fuerzas de seguridad del país magrebí no estaban solas: contarían con el apoyo de una parte de la población, que protagoniza desde entonces una auténtica ‘caza del subshariano’.
Según fuentes policiales, las fuerzas del orden tunecinas llevaron a cabo hasta el final de la semana pasada, cuando la situación volvía a ser de relativa normalidad en la ciudad, hasta 5.000 deportaciones de jóvenes hasta las tierras desérticas fronterizas con Libia y Argelia. Abandonados a su suerte. A ello se suma el problema de que los países de origen de estos jóvenes se niegan en muchos casos a repatriar a sus nacionales llegados de Túnez. La ONG Human Rights Watch instó a las autoridades tunecinas el pasado 7 de julio a poner fin a las “expulsiones colectivas” de migrantes africanos.
La reacción de la población tunecina en Sfax, una parte de la cual compite con la subsahariana en la penosa disputa por una plaza en alguna de las embarcaciones que parte desde sus costas destino Europa, no se explica sin el caldo de cultivo creado desde la cúspide del Estado. Aunque sería injusto si se generalizara a la clase política; ha de señalarse a una figura de manera individual y precisa: el presidente de la República, Kais Saied.
El mandatario, que se arrogó hace casi dos años todos los poderes del Estado para “salvar” a Túnez, protagoniza desde el pasado invierno una auténtica cruzada contra la población de origen subsahariano llegada a su país con el objetivo único de abandonar desde él el continente africano.
Saied acusó entonces a las comunidades subsaharianas de “diluir” el componente árabe e islámico de la identidad nacional tunecina siguiendo un plan prestablecido desde fuera (cuyos detalles nunca desveló). Sus palabras contaron con el rechazo de la oposición –que es prácticamente todo el espectro político –ya que él no pertenece a ningún partido-, desde los islamistas hasta la izquierda- y las críticas de la Unión Europea.
Pero poco le han importado al mandatario, que había ganado las elecciones presidenciales en octubre de 2019 y desde el 25 de julio de 2021 gobierna como un autócrata convencido de estar depurando al Estado tunecino, las críticas internas y externas. Aunque, todo sea dicho, hace apenas un mes el presidente tunecino recibía la visita y el respaldo de la presidenta de la Comisión Europea y los primeros ministros de Países Bajos e Italia, pues la UE necesita de la cooperación del régimen tunecino en la lucha contra la migración ilegal.
La ‘caza del subsahariano’ había comenzado, pues, este invierno. Desde entonces las persecuciones en los propios domicilios de los migrantes por parte de la población local se han venido repitiendo en todo el país. La semana pasada el presidente de Túnez pedía “desmantelar” las bandas que operan con migrantes e instaba a “imponer la ley” a aquellos que “alojan migrantes ilegales en sus casas, se las alquilan o les hacen trabajar”, según recogía Europa Press.
Este mismo martes las autoridades italianas dejaban constancia de la llegada a las costas de la isla de Lampedusa de en torno a 1.350 migrantes en apenas 24 horas. Habían partido de distintos puntos del litoral tunecino, entre ellos la propia ciudad de Sfax y las islas Kerkennah. Las nacionalidades de los jóvenes evidencian la complejidad del problema: senegaleses, liberianos, marfileños, pero también sirios, marroquíes y tunecinos.
El domingo pasado llegó hasta el puerto italiano de Brindisi el barco de la española Open Arms con migrantes procedentes de Sudán, Eritrea, Egipto, Etiopía, Guinea, Costa de Marfil, Senegal, Nigeria, Burkina Faso, Mali, Siria y Túnez. En resumen: no se trata solo de flujos de migrantes procedentes de países del África subsahariano; hasta el norte del continente llegan personas buscando mejor suerte desde el Magreb, el Sahel y Oriente Próximo.
El drama de Sfax es el corolario de la situación de caos que desde hace años vive Túnez, un país arruinado que espera un salvífico plan de rescate del FMI, por culpa de una clase política que hizo la revolución con éxito –derrocamiento de la dictadura de Ben Ali, elaboración de una Constitución consensuada, creación de instituciones democráticas, elecciones libres- pero que fue incapaz de remangarse y sentarse a gobernar en serio.
Las deportaciones masivas de migrantes desde la ciudad de Sfax hasta las fronteras de Libia, que sigue sin ser capaz de gobernarse bajo una sola autoridad, y de Argelia, una dictadura militar que no respeta los derechos humanos, no solucionarán el problema. Otros lugares de Túnez están tomando ya el relevo. Una parte de la población tunecina celebra la intervención contundente de las autoridades de su país para tratar de mantener el orden y la seguridad en la citada ciudad.
Teniendo en cuenta la eficaz labor de control que están ejerciendo al alimón las autoridades de Marruecos y Argelia en el Mediterráneo occidental, Túnez seguirá compartiendo, junto a Libia, el dudoso honor de ser el lugar principal de partida para miles de jóvenes desesperados por huir del continente –que atraviesa una grave crisis alimentaria y elevados niveles de violencia- y alcanzar el sueño europeo. No en vano, la Guardia Costera del país informaba a principios del pasado mes de abril que serán entonces más de 14.000 los migrantes detenidos cuando trataban de alcanzar suelo europeo.
El Mediterráneo central es escenario este verano de las principales rutas de la migración irregular, y también escenario de un sinfín de naufragios y tragedias. Una de las peores y más recientes se produjo el pasado 14 de junio, cuando un pesquero que había partido de las costas egipcias y hecho parada en Libia naufragaba en aguas del mar Jónico con más de medio millar de personas a bordo. La Guardia Costera griega rescató a poco más de un centenar.
Asimismo, el caldo de cultivo, con un presidente desatado que se niega a ser “gendarme de Europa” y culpa de sus males, entre otros, a ciudadanos de países del resto del continente y con una población local frustrada ante el deterioro imparable de sus condiciones materiales, seguirá intacto para que las ciudades y pueblos de Túnez sean escenario en las próximas semanas de nuevos episodios de violencia y xenofobia.