AI denuncia que miles de mujeres detenidas en México sufren abusos sexuales a manos de las fuerzas de seguridad

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que miles de mujeres detenidas en prisiones federales de México sufren habitualmente tortura, malos tratos y abusos sexuales a manos de las fuerzas de seguridad, que buscan obtener confesiones y elevar las cifras de encarceladas para que parezca que están combatiendo una delincuencia organizada desenfrenada.

Durante la investigación realizada por la ONG, un centenar de mujeres recluidas en prisiones federales denunciaron que habían sufrido tortura, malos tratos y acoso sexual durante su arresto e interrogatorio a manos de policías municipales, estatales o federales, así como miembros del Ejército y la Marina. Según los datos recabados, 72 mujeres sufrieron abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores y 33 fueron violadas.

Un total de 66 mujeres aseguraron haber denunciado los abusos ante un juez u otra autoridad, pero sólo 22 de ellas consiguieron que se abrieran investigaciones al respecto. "Los casos de estas mujeres dibujan un cuadro absolutamente escandaloso que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México. La violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios", ha aseverado la directora de AI en las Américas, Erika Guevara Rosas.

"Las mujeres procedentes de entornos marginados son las más vulnerables en la denominada 'guerra contra el narcotráfico' de México. Las autoridades, normalmente más preocupadas por aparentar que se está encarcelando a gente que por encontrar a los verdaderos delincuentes, suelen considerarlas objetivos fáciles", ha añadido.

La mayoría de las mujeres encarceladas que accedieron a hablar con los miembros de AI durante la investigación denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales, palizas e incluso descargas eléctricas. Las fuerzas de seguridad han acusado reiteradamente a estas mujeres de delincuencia organizada y de delitos relacionados con drogas. Según la ONG, muchas de estas mujeres, que proceden de entornos de ingresos bajos y tienen menos probabilidades de costearse una defensa efectiva, fueron presentadas ante los medios de comunicación como "criminales" inmediatamente después de haber sido obligadas a "confesar" los delitos.

AUSENCIA DE JUSTICIA

En 2013 se presentaron más de 12.000 denuncias de tortura y malos tratos ante las comisiones local y nacional de Derechos Humanos en todo el país, donde 8.943 de las posibles víctimas eran hombres y 3.618 eran mujeres. Entre 2013 y 2014 las querellas por tortura presentadas ante la Procuraduría General de la República de México se duplicaron, pero desde entonces sólo se ha abierto un número limitado de investigaciones.

Según la ONG, estas denuncias a menudo no son investigadas y los presuntos responsables rara vez comparecen ante la justicia. De las miles de denuncias por tortura presentadas en el ámbito federal desde 1991, sólo quince han tenido como resultado fallos condenatorios federales.

A pesar del número extraordinariamente alto de denuncias, el Ejército informó a AI de que ni un solo soldado ha sido suspendido del servicio por violación o abuso sexual durante los últimos cinco años. Según fuentes de la Marina, sólo cuatro marines han sido suspendidos durante el mismo periodo.

"No realizar investigaciones adecuadas ni llevar a los responsables ante la justicia transmite el peligroso mensaje de que violar a mujeres o utilizar otras formas de violencia sexual para obtener confesiones es admisible y está permitido en la práctica. Las autoridades mexicanas parecen decididas a mantener oculto este asunto", ha indicado Guevara Rosas.

Las mujeres no suelen recibir asistencia médica y psicológica tras sufrir los abusos. AI ha incluido en su investigación que 49 mujeres calificaron la asistencia médica de "mala" o "muy mala" y que 19 de ellas la consideraron "mediocre". Además, han denunciado que las autoridades federales no están respondiendo con rapidez.

En México, la parte demandante debe demostrar que ha sufrido tortura o malos tratos, lo que contraviene el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos. El derecho mexicano hace recaer justamente la carga de las pruebas en las autoridades, que deben demostrar que las confesiones fueron obtenidas por medios legítimos. Sin embargo, los jueces siguen dando prioridad a las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal sin poner en duda su legalidad, según la organización.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) ha emitido durante los últimos años decenas de recomendaciones sobre la tortura y los malos tratos, una labor que resulta insuficiente para AI. Entre 2010 y 2015, la CNDH recibió 7.048 denuncias de tortura y malos tratos, pero sólo emitió 62 recomendaciones.

PELIGROSO SECRETISMO

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) impidió a la delegación de la ONG el acceso a un gran número de mujeres que se encontraban bajo custodia y, en algunas ocasiones, incluso la entrada en algunos centros penitenciarios. Hasta el momento, la Procuraduría General no ha publicado datos desglosados sobre las víctimas de tortura, lo que ha impedido dar respuestas con las que abordar la violencia contra las mujeres durante el arresto y la detención en los centros penitenciarios.

En la Policía y en las fuerzas armadas se han realizado cientos de sesiones de capacitación sobre género, violencia y Derechos Humanos, los cuales, según la ONG, parecen no haber tenido un impacto apreciable en el descenso de las violaciones de Derechos Humanos en el país.

"Cuesta creer el afán con el que México encubre su crisis nacional. En lugar de intentar encubrir miles de casos de tortura y malos tratos, las autoridades deberían centrar su energías en garantizar la erradicación definitiva de la tortura y garantizar el enjuiciamiento de los responsables", ha señalado Guevara Rosas.

OPORTUNIDADES PARA LA ACCIÓN

Las autoridades han establecido recientemente un nuevo Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra las Mujeres, que se encuentra adscrito a la Secretaría de Gobernación y agrupa a las autoridades federales responsables de la prevención e investigación de la tortura. Sin embargo, en los nueve meses transcurridos desde su creación, el mecanismo ha permanecido inactivo y no ha propiciado ningún avance real en la materia.

El Congreso mexicano está debatiendo actualmente un proyecto de ley sobre la tortura. Según AI, a pesar de que se han introducido elementos positivos, los legisladores deben aún reformar las disposiciones pertinentes para reforzar la norma de la inadmisibilidad, que excluye todas las pruebas obtenidas mediante actuaciones penales excepto en causas contra presuntos autores de torturas y malos tratos.