A principios de mes, el Ejecutivo comunitario adoptó una recomendación formal que alerta de los problemas que tales reformas plantean al Estado de derecho en el país, y dio dos semanas de plazo a las autoridades polacas para reaccionar.
La recomendación es un paso intermedio en el expediente sancionador iniciado el pasado enero y que, en la práctica, puede llevar a la activación del artículo 7 del Tratado de la UE, que prevé en última instancia sanciones como la suspensión del derecho a voto de un Estado miembro.
Entre tanto, los contactos entre las partes se han mantenido para tratar de consensuar una solución, aunque públicamente Varsovia haya afeado la "presión" de Bruselas y amenazado con acudir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Así las cosas, y tras constatar que el Gobierno de Beata Szydlo no ha remitido una respuesta satisfactoria dentro del plazo dado, la Comisión Europea ha subrayado que es "urgente" llegar a una solución "para la crisis actual del Estado de derecho".
"Celebramos que las autoridades polacas estén listas para mantener el diálogo actual. Es importante avanzar sin dilación hacia una solución constructiva", ha indicado en una rueda de prensa el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.
Schinas ha evitado aclarar si se ha dado un nuevo plazo a Varsovia o si este retraso tendrá consecuencias y se ha limitado a indicar que Bruselas "toma nota" de que las declaraciones a la prensa que recogen que las autoridades polacas "no se sienten aún en posición" para dar una respuesta.
"También tomamos nota de las indicaciones de que responderán una vez que hayan realizado progresos hacia una solución", ha zanjado.