Tras un debate de más de cinco horas, la medida fue adoptada con 57 votos a favor, 47 en contra y una abstención.
La suspensión contó con el apoyo de los congresistas del gobernante Partido Aprista Peruano (PAP), la alianza conservadora Unidad Nacional, la fujimorista Alianza por el Futuro y la independiente Alianza Nacional.
Los legisladora del opositor Partido Nacionalista Peruano y de otros grupos minoritarios rechazaron la medida y protestaron en el pleno exigiendo que la ley fuera derogada de forma definitiva.
El presidente de la Comisión de Constitución, el oficialista José Vargas, sustentó la suspensión por 90 días del decreto 1090, conocido como "ley de la selva", y la reposición de la ley anterior, 27308, mientras se estudian las modificaciones a la nueva ley.
Vargas defendió la necesidad de generar un clima de diálogo y concertación para encontrar una salida a los problemas con los pueblos nativos amazónicos, que demandan respeto a sus derechos sobre la tierra.
El Ejecutivo peruano ha planteado la conformación de un equipo de trabajo, integrado por la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo, que se encargue de analizar la solución de las demandas indígenas a través del diálogo con sus dirigentes.
El decreto legislativo 1090, que modifica la anterior Ley Forestal, dictada en el 2000, fue aprobado el 28 de junio de 2008, como parte de un paquete de leyes propuestas por el Ejecutivo.
El Gobierno sostiene que la referida norma busca regular y supervisar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, incluyendo concesiones de ecoturismo y de conservación, a través de una autoridad dependiente del Ministerio de Agricultura.
Su creación responde al pedido de EE.UU. de que Perú tenga una entidad para investigar las infracciones en el manejo del sistema forestal y garantizar que la madera que se comercialice no tenga origen ilícito, condición impuesta por ese país para la aprobación del Tratado de Libre Comercio firmado por ambos el año pasado.
No obstante, los pueblos indígenas de la Amazonía y varias organizaciones no gubernamentales advirtieron que la norma fue aprobada sin el consentimiento de los nativos, contra lo estipulado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Las comunidades amazónicas, congregadas principalmente por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), se movilizaron en varias acciones de protesta y hace dos meses ingresaron a un paro indefinido para reclamar su derogatoria.
En ese marco, la comisión de Constitución del Parlamento declaró la inconstitucionalidad del decreto 1090, el pasado 20 de mayo, porque no se consultó con las comunidades nativas.
El presidente de una de las convulsionadas regiones selváticas, la de San Martín, César Villanueva, presentó el pasado lunes 100.000 firmas de ciudadanos ante el Jurado Nacional de Elecciones para respaldar la inconstitucionalidad.
En este contexto, el presidente peruano, Alan García, declaró hoy que el Congreso siempre está dispuesto a hacer las "variaciones necesarias" a las leyes propuestas por el Ejecutivo.
Recordó que el Parlamento modificó la mitad de los artículos de las leyes propuestas por el Ejecutivo para "defender la selva de los depredadores y cocaleros".
El mandatario agregó que si el Tribunal Constitucional decide que hay una infracción constitucional, será "en buena hora" porque esa es una solución pacífica al conflicto.
"Eso (la solución) no pasa por matar a 24 policías, eso es un crimen que no puede quedar impune", subrayó García sobre el saldo que dejó los enfrentamientos del pasado viernes en Bagua.
El jefe de Estado dijo que los policías muertos tuvieron "voluntad democrática y de diálogo" con los nativos, pero estos resultaron muertos "de una manera salvaje y bárbara".