Martínez coordinaba el Centro de Alcance en Chamelecón y era un reconocido activista del Partido Nacional, con el que aspiraba a lograr un cargo político para luchar por los derechos de la comunidad LGTBI.
Las víctimas mortales son, además de Martínez, Pamela Martínez, voluntaria del Colectivo Unidad Color Rosa, y Alejandra Padilla, activista de la comunidad LGTBI.
La oficina de la ONU en Honduras ha dicho que estos actos "constituyen una afrenta a los valores de respeto de los Derechos Humanos reflejados en un Estado de Derecho, y amenazan los esfuerzos para poner fin a la discriminación, la violencia y los asesinatos en contra de la población LGBTI y de aquellos que promueven y defienden sus derechos".
Por ello, ha reclamado a las autoridades que "hagan todo lo que esté a su alcance" para investigar y juzgar a los responsables, así como que apliquen mecanismos de protección de las personas LGBTI contra la violencia.
Por último, ha solicitado a los líderes políticos, religiosos y comunitarios a promover "una cultura de paz y la universalidad de los Derechos Humanos, incluido el respeto y tolerancia a la diversidad".