"Los sancionados en su mayoría cometieron delitos comunes de máxima gravedad, esencialmente contra la vida. Son crímenes que si volviéramos a enjuiciarlos, resultaría difícil no aplicarles la misma pena", ha señalado el presidente. "Esta situación se produce principalmente por la política aplicada desde el año 2000 de no ejecutar ninguna sanción de este tipo, la que sólo fue interrumpida en abril de 2003 para frenar en seco la oleada de más de 30 intentos y planes de secuestro de aviones y barcos alentados por la política de EEUU", ha agregado.
Raúl Castro se refería a la ejecución de tres secuestradores cubanos que capturaron una pequeña embarcación de pasajeros en el puerto de La Habana. El Tribunal Supremo cubano tiene pendiente tramitar los recursos de apelación de tres acusados, "los que serán analizados próximamente", y mencionó a un salvadoreño y a un guatemalteco acusados por actos terroristas con bombas contra hoteles en 1997. Los salvadoreños Raúl Ernesto Cruz León y Otto René Rodríguez Llerena están condenados a muerte desde 1999 por esos atentados, pero Castro habló solo de un ciudadano de ese país. El tercer caso es el del cubano-americano Humberto Real Suárez, condenado en 1996 por el asesinato, dos años antes, de Arcelio Rodriguez, funcionario del Partido Comunista.
"Sólo puedo afirmar, dentro de nuestras prerrogativas, que la decisión final del Consejo de Estado no estará en contradicción con la política expresada anteriormente", dijo el general. Raúl Castro reconoció que se trata de un "asunto sensible y hasta polémico" y afirmó que la decisión se ha adoptado "no por presiones, sino como un acto soberano en consonancia con la conducta humanitaria y ética que caracteriza a la revolución cubana desde sus inicios". LA