"En este momento, el ex comisionado no tiene ninguna orden de captura en su contra, por lo que seguirá gozando de su protección internacional, ya que su vida corre peligro en Colombia", ha dicho la letrada en declaraciones a RCN Radio.
Restrepo se encuentra en paradero desconocido desde el pasado 8 de enero, cuando salió de Colombia rumbo a Estados Unidos después de que las autoridades del país latinoamericano decidieran investigar su implicación en las falsas desmovilizaciones.
El ex comisionado está acusado de haber acreditado la desmovilización de 62 guerrilleros del Bloque Cacica La Gaitana de las FARC. Meses después, se descubrió que algunos de estos guerrilleros eran indigentes que habían recibido pagos de 250 dólares (190 euros).
Por ello, se le imputan los delitos de fabricación, porte y tráfico de armas de uso privativo de las fuerzas militares, prevaricación, peculado por apropiación y fraude procesal.
El ex comisionado ha negado las acusaciones formuladas en su contra y ha denunciado una persecución política por parte del Gobierno de Juan Manuel Santos, debido a la rivalidad con su antecesor en el cargo, Álvaro Uribe, que encargó a Restrepo las desmovilizaciones de guerrilleros y paramilitares.
En esta línea, Hartman ha adelantado que posee unas pruebas que desmontan la tesis de la Fiscalía, que asegura que el ex comisionado era consciente de que las desmovilizaciones eran falsas. "Las pruebas de la Fiscalía han sido refutadas", ha aseverado.
La Ley de Justicia y Paz fue aprobada en 2005 y su objetivo era desmovilizar a guerrilleros y paramilitares con el pago de ayudas y con rebajas de las penas de los crímenes cometidos durante su etapa en los grupos armados.