"Reconocemos la labor de las autoridades para comprobar las condiciones de seguridad de las personas que han huido del territorio controlado por grupos extremistas, pero instamos al Gobierno a que establezca procedimientos claros e instalaciones que estén dedicadas a este fin, que estén separadas de los campos que proporcionan refugio u otras asistencias humanitarias para los iraquíes desplazados", ha reclamado la portavoz ACNUR Ariane Rummery este viernes.
En noviembre del año pasado, ACNUR abrió el campamento de Nazrawa, en la provincia de Kirkuk, para los desplazados internos de Irak. Este campo de refugiados se abrió en respuesta a la petición de las autoridades de Kirkuk, que solicitaban un mayor apoyo para garantizar la protección y la asistencia de las 4.000 personas que se encuentran en el distrito, de las cuales unas 2.000 residen actualmente en el campamento de Nazrawa. Según señala ACNUR, esas personas tienen restringida su libertad de movimiento, a causa de unas medidas de seguridad que consideran "desproporcionadas".
Desde febrero, un total de 22 iraquíes han sido confinados a permanecer dentro del campo de Nazrawa, sin importar si han completado todos lo procedimientos de seguridad, según ha informado ACNUR. En el campamento de Garmawa, en el norte del país, las personas que fueron reubicadas forzosamente desde los pueblos del distrito de Tilkaif, también tienen limitada su libertad de movimiento. Algo similar ocurre en las provincias de Saladino y de Anbar.
"Estamos preocupados por está tendencia al alza porque la libertad de movimiento es la clave para que las personas desplazadas puedan ejercer otros derechos, como el acceso al trabajo, al alimento, a la sanidad y a otras asistencias legales", ha lamentado Rummery.
Desde enero de 2014 ha habido más de 3,3 millones de desplazamientos en Irak. Las personas desplazadas dentro del país están expuestas a la violencia y a restricciones desproporcionadas en la seguridad y en la libertad de movimientos y en el acceso a los servicios básicos.