"Esta resolución, largamente esperada, supone un importante paso hacia la justicia para las víctimas del periodo de los Jemeres Rojos, y pone de manifiesto la importancia de hacer frente a la impunidad", ha dicho el director adjunto del Programa para Asia y Oceanía de AI, Rupert Abbott.
Sin embargo, la organización también ha destacado la "inquietud" que, pese a la resolución alcanzada hoy, despiertan la negativa anterior de altos cargos del Gobierno a testificar y las denuncias presentadas por intromisión política en otros casos ante las Salas Especiales de Delitos Graves del Tribunal de Camboya.
Estos incidentes, según Abott, "hacen temer por la imparcialidad de los procedimientos y por el respeto del derecho de las víctimas a conocer toda la verdad sobre los presuntos delitos".
La organización ha expresado la necesidad de que se celebren juicios "justos y efectivos" en Camboya para que el sistema judicial se vea fortalecido y deje atrás "la arraigada cultura de impunidad". Para ello, ha explicado, estas salas deben completar todos sus casos de manera justa, "sin injerencias políticas".
"Esto requiere el total apoyo del gobierno de Camboya y de la comunidad internacional", ha añadido la organización, que ha recibido con "satisfacción" el apoyo de las salas a los 11 proyectos de reparación para las víctimas.
No obstante, AI ha recordado que Gobierno de Camboya "debe hacer mucho más para reparar el daño sufrido por las víctimas".
LA RESOLUCIÓN
La sentencia dictada este jueves por este tribunal, en el caso 002/01, condena a Nuon Chea, de 88 años, y Khieu Samphan, de 83, a cadena perpetua, por cargos que van desde el desplazamiento forzado de la población de Phnom Penh y otros lugares a la ejecución de soldados del régimen.
En este caso, las víctimas han podido, por primera vez, personarse como parte civil con plenos derechos, lo que les ha permitido contar con asistencia letrada, solicitar indagaciones y citar e interrogar a testigos. Anteriormente, ningún tribunal internacional que juzgase delitos de derecho internacional había otorgado a las víctimas una categoría formal en los procedimientos.
La falta de recursos económicos de los dos condenados ha llevado al tribunal a desechar la opción de una compensación económica a las casi 4.000 víctimas del régimen. A este efecto se han puesto en marcha 11 proyectos de reparación con financiación externa.
El tribunal ha llevado a cabo ya una vista inicial del caso 002/02 por el que se acusa a Nuon Chea y Khieu Samphan de genocidio, entre otros cargos.
Asimismo, IA ha denunciado que deberían haberse iniciado las investigaciones sobre otros dos casos en los que están implicados un total de cuatro sospechosos, pero que "al parecer ha habido injerencias y obstrucciones políticas que han demorado la justicia y han negado sus derechos tanto a los sospechosos como a las víctimas".