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El fallecimiento de la superjueza Ruth Bader Ginsburg, el puesto vacante que deja en la Corte Suprema y la intención de Donal Trump de anunciar a final de esta semana el nombre de su sustituta, ha hecho estallar una campaña electoral que hasta ahora estaba centrada en la gestión de la pandemia, la economía del país y las protestas raciales, unos temas que en estos momentos no solo parecen lejanos sino que han desaparecido de la lista de prioridades de los norteamericanos.
La posibilidad de que a 44 días de las elecciones se establezca una mayoría conservadora en el tribunal superior del país, que podría ser irreversible durante muchos años debido a la condición vitalicia de sus miembros, ha provocado un sinfín de reacciones que van desde la indignación de Joe Biden apelando a la necesidad de los estadounidenses para que decidan su futuro tras las elecciones, a la convicción de Trump defendiendo su derecho a hacerlo, pasando por un aumento record en las donaciones económicas a favor del partido demócrata.
Una reciente encuesta de Reuters/Ipsos desvela que el 62% de los ciudadanos creen que debería ser el ganador de las próximas elecciones quien nominara al juez del Tribunal Supremo, que además tendrá que ser ratificado después por el Senado. Pero en una entrevista mantenida con la cadena televisiva Fox el actual presidente señaló que haría el anuncio “el viernes o sábado y luego comienza el trabajo”, refiriéndose al cumplimiento de los plazos que son necesarios para hacer efectivo el nombramiento.
Dichos plazos suelen ser unos 70 días desde que se nomina a la persona al cargo. Es la media de tiempo que el Senado ha tardado desde 1975 para la confirmación de un juez en la Corte Suprema, ya que el comité judicial de la cámara alta debe examinar a la persona propuesta, a través de unas audiencias que tienen lugar de forma presencial en Washington DC. Si el comité aprueba la nominación, el Senado en pleno realiza una votación final donde hace falta una mayoría simple.
Aunque en circunstancias normales no sería fácil que este proceso se realizara antes de que las elecciones tuvieran lugar, hay que tener en cuenta que nada está siendo convencional a lo largo de estos comicios. De hecho, la última vacante que se cubrió en la Corte Suprema fue la del juez Brett Kavanaugh, que necesitó 89 días para su culminación, aunque sólo fueron 57 desde el día de su nominación.
El hecho de que los republicanos tengan mayoría en el Senado puede favorecer un proceso inusual que, según las palabras de Trump, está dentro de los plazos. “Tenemos tiempo suficiente, están hablando del 20 de enero”, declaró refiriéndose a la fecha de la investidura presidencial.
Y estas no han sido las únicas declaraciones del actual mandatario al respecto, que se ha manifestado a favor de nominar a una jueza: “Será una mujer, creo que debería ser una mujer porque en realidad me agradan mucho más que los hombres. Será una mujer muy talentosa y muy brillante, aún no hemos elegido pero tenemos muchas mujeres en la lista”.
A principios de septiembre, conscientes de la gravedad del estado de salud de Ginsburg, los republicanos disponían ya de una lista de 20 posibles candidatos al puesto, entre los que también había hombres. Con la desaparición de la jueza, conocida por su activismo en favor de los derechos de las mujeres y consciente del peso que el voto femenino va a tener en estas elecciones, Trump ha optado por nominar a una mujer, con lo que el número resultante ha quedado en 12 aspirantes.
Las mejor situadas de todas ellas son tres: Amy Coney Barrett, Bárbara Lagoa y Kate Comerford Todd. La juez Barret fue miembro del Tribunal de Apelaciones con sede en Chicago, es conocida especialmente por sus convicciones religiosas -ferviente católica, madre de siete hijos- y su hostilidad sobre temas como el aborto. Se crio en un barrio popular de Nueva Orleans, fue una brillante estudiante y ejerció como ayudante de Antonin Scalia, juez de la Corte Suprema fallecido en 2016. A sus 48 años, es una persona que podría tener una larga trayectoria en la Corte Suprema.
Bárbara Lagoa fue la primera jueza hispana en la Corte Suprema del estado de Florida y ex fiscal federal. De ascendencia cubana, trabajó de forma gratuita como abogada de la familia de Elián González, el niño que escapó de Cuba con destino a Estados Unidos y que finalmente fue devuelto a su lugar de origen. En estos momentos trabaja en Corte de Apelaciones de Atlanta.
Kate Todd no es jueza, aunque trabajó como asistente legal del juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas. En estos momentos trabaja como asistente y consejera adjunta del presidente. Fue vicepresidenta senior y consejera principal del Centro de Litigios de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y cuenta con un amplio respaldo de la Casa Blanca.
Pero a pesar de lo polémica que pueda resultar esta nominación la campaña sigue su curso, especialmente ahora que encara su recta final. Las turbulencias a las que está siendo sometida no están desanimando a unos candidatos que, haciendo un ejercicio de funambulismo, afrontan fuertes las últimas semanas antes de los comicios.
En el caso de los demócratas, aunque rechazan el “crudo ejercicio de poder político del presidente Trump” como dijo Biden sobre recientes acciones del presidente, ven una oportunidad para incrementar la recaudación económica de sus votantes, que les permitirá más medios en su intento de ganar la presidencia, recuperar el Senado y mantener el Congreso.
En el caso republicano, si consiguen establecer una mayoría conservadora en el Tribunal Supremo no sólo se garantizarán durante muchos años unas decisiones afines a su ideología en los temas más importantes sometidas a la legislación estadounidense, sino que tendrán una oportunidad para unir a un partido fracturado alrededor de un objetivo común: defender el derecho constitucional de Trump a poner el tercer juez conservador en la Corte Suprema, a lo largo de su mandato, e incluso más allá.