En el caso están imputados además otros dos altos cargos de Al Wefaq --la principal formación opositora del país--, Hasán Sultán y Alí al Asuad, quienes se encuentran fuera del país desde hace seis años.
El fiscal general bahreiní, Ahmed al Hamadi, anunció el 1 de noviembre que Salman, Sultán y Al Asuad eran sospechosos de mantener contactos con Qatar para "llevar a cabo actos hostiles" contra el país en el marco de las protestas prodemocráticas que arrancaron en el país en 2011.
Así, afirmó que el líder de Al Wefaq había sido interrogado por presuntamente "divulgar secretos de defensa a un país extranjero, difundir noticias tendenciosas y afirmaciones sobre la situación interna en Bahréin para minar el estatus y prestigio del país".
Al Hamadi recalcó que las investigaciones apuntan a que Salman mantuvo conversaciones con altos cargos qataríes, acusando a Doha de violar el acuerdo regional destinado a evitar actos contra los intereses nacionales de los respectivos países.
Las acusaciones de Al Hamadi contra Qatar se enmarcaron en la crisis diplomática en la región, después de que Arabia Saudí, Bahréin, Egipto y Emiratos Árabes Unidos (EAU) acusaran al país de "apoyar el terrorismo", lo que ha sido rechazado por Doha.
Bahréin atraviesa un momento de gran tensión, en medio del aumento de la represión contra la oposición por parte de las autoridades, entre ellas la suspensión de partidos opositores y la condena contra líderes de la oposición y activistas.
Recientemente, aprobó modificar la Constitución para permitir que los civiles sean juzgados por tribunales militares. La última vez que tribunales militares juzgaron a civiles en el país fue tras las protestas prodemocráticas de 2011, cuando cerca de 300 personas fueron condenadas por crímenes políticos.
Asimismo, el Gobierno anunció en enero la restauración de la autoridad para llevar a cabo detenciones de la NSA, dando marcha atrás en una de las recomendaciones de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin (BICI) que había aplicado tras las protestas prodemocráticas iniciadas en 2011.
Bahréin, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas de 2011. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de ese año, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de cien personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Desde el inicio de las manifestaciones, cientos de personas han sido condenadas a penas de cárcel por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, así como por participar en manifestaciones o disturbios.