Un bebé de ocho meses fue violado en el Hogar Virgen de Fátima y trasladado de emergencia al hospital Juan XXIII al presentar una hemorragia producto de "un trauma abdominal cerrado", según informó la jefa de la Defensoría de La Paz, Inés Aramayo.
Aramayo ha denunciado que la presunta violación tuvo lugar en el interior del albergue, administrado por la gobernación de La Paz, y ha acusado como sospechosos a algunos funcionarios de la institución, según publica 'La Razón' de Bolivia.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) ha detenido a cuatro trabajadores del orfafato, dos hombres y dos mujeres -una de ellas de 16 años- para que sean investigados como presuntos autores del crimen.
La funcionaria explicó que la Defensoría rescató en julio al bebé de una pareja que tenía problemas con el alcohol. Tras una evaluación, fue remitido al Hogar Virgen de Fátima con el objetivo de "buscar un proyecto de vida para el menor".
La directora del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de la gobernación de La Paz, Agustina Quispe, destacó desde la FELCC que presentarán una denuncia por negligencia en contra del Hogar Virgen de Fátima y del Hospital del Niño, ya que el menor fue trasladado inicialmente allí, pero no le atendieron inmediatamente, por lo que tuvo que ser trasladado al Juan XXIII. "Este caso deberá ser resuelto porque la ciudadanía está conmovida por la violación del bebé", subrayó Quispe.
Con la justicia boliviana criticada por la lentitud de sus fallos, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, ha advertido que “no vamos a tolerar en este tipo de situaciones de la demora de la justicia y que los jueces se quieran corromper".
"Yo creo que tenemos que unir fuerzas, para que se sancione con la máxima pena al autor" del crimen que no está identificado, declaró poco antes la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, quien calificó el hecho de "aberrante".
El niño, hijo de padres alcohólicos indigentes, fue acogido en el orfanato estatal en julio pasado junto a su hermana de 3 años, quien ahora está bajo la custodia de autoridades estatales especializadas en la infancia.
Los medios locales recibieron desde el viernes protestas de la población que demandó la aplicación de la pena de muerte para violadores o la castración química, sanciones que no están contempladas en la legislación boliviana.
"Las normas ya están dadas, son 30 años de cárcel sin derecho a indulto, el tema es que los operadores de Justicia puedan aplicar la ley con todo su rigor", aclaró Suxo.
La máxima condena en Bolivia de 30 años de prisión sin derecho a indulto se aplica además a delitos gravísimos o de traición a la patria.
En septiembre de 2013 el caso de violación de una bebé de siete meses, a quien hubo que hacer una reconstrucción anal y vaginal, levantó también peticiones de la población de sanciones más drásticas contra los violadores.