La comisaria de Pesca, Maria Damanaki, ha pedido este martes a los gobiernos europeos que cierren el mercado comunitario a las importaciones pesqueras de Guinea, Belice y Camboya, como sanción por la pesca ilegal que permiten las autoridades de estos tres países en sus aguas. Bruselas confía en que llegue "muy pronto" el visto bueno de los Veintiocho a estas sanciones, que también impedirán a los buques de la Unión Europea acudir a los caladeros afectados.
"Estas sanciones son también un mensaje político para otros países", ha advertido la comisaria en una rueda de prensa en Bruselas, en la que ha querido subrayar que la Unión Europea no da este paso "por una cuestión de dinero", sino para cumplir los acuerdos internacionales para proteger la pesca sostenible de los recursos.
Además del castigo propuesto para Guinea, Belice y Camboya -países a los que Damanaki ya advirtió hace un año de sanciones si no tomaban medidas--, el Ejecutivo comunitario ha amonestado con "tarjeta amarilla" a otros tres países, Ghana, Corea del Sur y Curaçao, para que "no sigan el camino" de los sancionados y tomen medidas.
El objetivo es que acepten cooperar con la Unión Europea contra la pesca ilegal e introduzcan las reformas estructurales necesarias en sistemas para reforzar los controles sobre la actividad pesquera en sus aguas.
Como ejemplo de buena colaboración, Damanaki ha recordado que Bruselas alertó el pasado año a ocho países de posibles medidas y que sólo continúa el proceso sancionador contra tres de ellos. Por el contrario, las islas Fiji, Panamá, Sri Lanka, Togo y Vanuatu han hecho esfuerzos para "paliar las carencias de sus controles y vigilancia" y propuesto medidas correctivas, por lo que Bruselas seguirá colaborando con ellos, ha explicado la comisaria.
Cada año, se pescan entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado de manera ilegal, lo que supone al menos un 15 % de las capturas totales y equivale a un volumen de negocio de unos 10.000 millones de euros, según datos ofrecidos por la Comisión.