"La sentencia confirma que el acuerdo que la Comisión ayudó a negociar sobre el nuevo encaje de Reino Unido, que entrará en vigor si Reino Unido vota permanecer en la Unión Europea, prueba que existen limitaciones y condiciones al derecho de libertad de movimiento y a la posibilidad de reclamar beneficios sociales", ha apuntado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.
Además, Schinas ha señalado que el dictamen del tribunal europeo confirma que "la libertad de movimiento es un derecho para la libre circulación" y "no un derecho al libre acceso a los sistemas sociales de los Estados miembros", algo que Bruselas ha defendido "insistentemente".
"Esta sentencia es una importante clarificación de los derechos de los ciudadanos europeos para acceder a beneficios sociales cuando residen en otros países de la UE", ha expresado el portavoz, antes de recordar que "la seguridad social no está armonizada" en la Unión y que el TUE ha establecido que son los Estados miembros los que deciden las condiciones de acceso a estos beneficios sociales.
En la misma línea, la Comisión ha destacado que las conclusiones del TUE van en línea con el plan de acción de la UE para "abordar el abuso potencial de la libertad de movimiento y de las normas de la seguridad social". "La 'comisión Juncker' siempre ha sido muy consistente sobre la aplicación de este principio", ha asegurado Schinas.
El derecho a limitar las compensaciones sociales a los trabajadores europeos fue una de las líneas rojas del primer ministro británico, David Cameron, para defender la permanencia del país en la Unión Europea, de cara al referéndum que celebran los británicos el próximo 23 de junio.
Los líderes de la UE aceptaron conceder un "freno de emergencia" a Londres que le permitirá suspender ciertas bonificaciones a los trabajadores europeos durante sus primeros años en Reino Unido, aunque esta condición sólo será efectivo si se impone el 'sí' a continuar en la UE en el referéndum.
Antes de que los 28 pactaran las concesiones para redefinir la relación británica con el bloque, la Comisión Europea liderada por el portugués José Manuel Durao Barroso llevó esta situación ante el TUE tras recibir numerosas quejas de ciudadanos comunitarios instalados en Reino Unido, en las que denunciaban que las autoridades británicas habían denegado sus solicitudes para obtener dichas prestaciones porque "no tenían derecho de residencia" en el país.