La propuesta de los 'tories' incluye la modificación del respaldo mínimo del personal para convocar la huelga, actualmente establecido en una mayoría simple, que pasaría a necesitar al menos un 40 por ciento de apoyo de los miembros del sindicato.
Estos cambios afectarían a los servicios sanitarios, de transporte, bomberos o educación y también incluirían la necesidad de que votase al menos el 50 por ciento de los miembros del sindicato, una medida que han calificado de "antidemocrática".
Los conservadores también han defendido la inclusión en su programa electoral de la prohibición de emplear personal interino para cubrir las ausencias en huelgas, además de imponer un límite de tres meses entre el resultado de la votación y la huelga y límites en los piquetes, según ha informado la BBC.
El Gobierno británico ha mantenido numerosos enfrentamientos con los sindicatos de los servicios públicos británicos tras los cambios en el sistema de pensiones y en las edades de jubilación, entre otras medidas. Este verano, cientos de miles de funcionarios realizaron una huelga en todo el país, ante la que el primer ministro, David Cameron, afirmó que había llegado "el momento de legislar".
En este sentido, el secretario de Transporte, Patrick McLoughlin, ha defendido que los sindicatos son "importantes instituciones con una fuerte historia", pero ha subrayado que unas organizaciones "politizadas" no pueden paralizar al país "por un rescate con demandas que sólo un pequeño porcentaje de sus miembros han votado".