La fiscalía había acusado al millonario Stephan Schmidheiny de cometer un delito al no dotar a los trabajadores de las plantas italianas de la empresa Eternit de los medios necesarios para impedir que se contaminasen con amianto. Un tribunal de primera instancia ya le condenó en febrero de 2012 a 16 años de cárcel y este lunes, en un segundo proceso, la sentencia ha sido ampliada a 18 años.
Pese a la confirmación de la pena, la sentencia todavía no es firme y Schmidheiny, de 65 años, no tendrá que ingresar en prisión hasta agotar todo el proceso de recursos. Un portavoz del empresario ya ha adelantado que llevarán el caso al máximo tribunal de apelaciones para recurrir esta sentencia "escandalosa" y "absurda".
Más de 6.000 personas, entre las que figuran tanto empleados como habitantes de las cuatro localidades donde estaba instalada la industria, cerrada en 1986, han reclamado compensaciones por los daños sufridos. El Ministerio Público ha expuesto durante el proceso más de 2.000 muertes atribuidas a la contaminación y varios miles de casos más de enfermos detectados durante las últimas cuatro décadas.
La última sentencia ordena el pago de 20 millones de euros a la región de Piamonte y de 31 millones al Ayuntamiento de Casale Monferrato, donde Eternit tenía instalada su principal planta.
Cientos de personas, entre ellas familiares de las víctimas, se han concentrado a las puertas de la corte para reclamar "justicia". Tras conocer el fallo, el Observatorio Nacional del Amianto ha aplaudido el veredicto toda vez que avanza hacia "un mundo sin amianto" en el que no se antepondrán los beneficios empresariales a "las vidas humanas".