"Como hemos mantenido de forma consistente, la crítica pacífica al Gobierno es clave en las sociedades inclusivas y plurales", ha valorado el viceportavoz del Departamento de Estado, John Kirby.
"Bahréin ha hecho algunos progresos a la hora de hacer frente a las preocupaciones de sus ciudadanos por los sucesos de 2011", ha dicho, en referencia al inicio de las protestas prodemocráticas en el marco de la llamada 'Primavera Árabe'.
En este sentido, Kirby ha resaltado que "la acción de hoy (por el martes) del Gobierno contra Al Wefaq no es consistente con el compromiso de mantener ese progreso y avanzar en las reformas no aplicadas".
"Estamos preocupados por esta acción contra Al Wefaq, así como otras decisiones recientes, entre ellas la detención el lunes del activista pro Derechos Humanos Nabil Rayab y la ampliación de la sentencia contra el presidente de Al Wefaq, el jeque Alí Salman", ha apuntado.
Kirby ha recalcado que "de forma colectiva, estas acciones alejan a Bahréin del diálogo necesario para garantizar su seguridad y estabilidad y para continuar las reformas que su liderazgo ha perseguido en los 16 años que han pasado desde la aprobación de la Carta de Acción Nacional del rey Hamad".
Al Wefaq consiguió el 18 por ciento de los 40 escaños en las elecciones de 2010, pero abandonó el Parlamento un año después durante la represión de las protestas, protagonizadas principalmente por los chiíes pero que contaron con participación de la comunidad suní, reclamando más democracia en el reino.
LA REPRESIÓN DE LAS PROTESTAS
Bahréin, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas registradas en su territorio desde 2011.
En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Desde el inicio de las manifestaciones, cientos de personas han sido condenadas a penas de cárcel por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, así como por participar en manifestaciones o disturbios.