Asimismo, todos los civiles detenidos en los sucesos de Maspero, caso que originalmente estaba siendo investigado por un tribunal militar, han sido transferidos a un juez civil.
"Considero esto una victoria del movimiento, ya que lanzamos una campaña virulenta que ha tenido éxito en convertir las palabras 'tribunales militares' en un concepto odiado por la opinión pública", ha dicho Mona Seif, una de las fundadoras del movimiento No a los Juicios Militares para Civiles.
En este sentido, parece que el movimiento ha tenido éxito en su presión al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para conseguir la transferencia de civiles y activistas políticos a tribunales civiles, pero varios activistas pro Derechos Humanos han señalado que todavía es muy pronto para empezar a celebrar una victoria, ya que podría ser una reacción a la presión popular y no da garantías legales para el futuro.
La campaña organizada por el movimiento incluyó protestas en El Cairo y Alejandría, así como a las puertas del Tribunal Militar durante las sesiones. Los miembros distribuyeron panfletos con el lema 'No a los juicios militares', que se convirtió en la insignia de la campaña. Además, los abogados del grupo han dado asistencia legal a los prisioneros y han documentado las violaciones de Derechos Humanos para filtrarla a los medios de comunicación.
No hay datos actualizados sobre el número de civiles juzgados en tribunales militares desde el 28 de enero de 2010, pero la última cifra oficial, anunciada por el director de la Autoridad Judicial Militar, el general Adel al Morsy, ascendía hasta los 3.863 casos entre el 29 de enero y el 29 de agosto, en los que 12.000 personas fueron juzgadas.
En los últimos meses, el peso de los tribunales militares ha descendido, y, durante el mes de diciembre, únicamente tres civiles fueron enviados ante este tipo de justicia. Posteriormente, dos personas fueron liberadas y una de ellas permanece bajo custodia, acusada de asaltar al personal militar.
Esto marca una diferencia respecto a otros ataques contra el Ejército durante las protestas. Las Fuerzas Armadas detuvieron y juzgaron a 120 manifestantes presentes en una sentada en la plaza Tahrir el 9 de marzo, aunque sus sentencias fueron suspendidas. Otras 45 personas fueron detenidas el 15 de mayo en el aniversario de la Nakba palestina, recibiendo igualmente sentencias suspendidas.
SIN GARANTÍAS
Sin embargo, Seif se muestra cautelosa respecto a las intenciones del Consejo Supremo. "No transferir nuevos casos a los tribunales militares no significa que hayan aprendido la lección. Se han dado cuenta de que usarlos tendrá consecuencias, pero están dibujando nuevas estrategias", ha declarado.
"Las fuerzas del Ejército ahora detienen a los manifestantes, les torturan y les entregan a los tribunales civiles. Esto en adición a los recurrentes secuestros de activistas por parte de personas anónimas", ha agregado.
Heba Morayef, una investigadora de Human Rights Watch (HRW), comparte estos temores. "Si me preguntas si el ciudadano egipcio tiene garantizada ahora más protección en términos de un juicio justo, digo que no, ya que sigue habiendo juicios extraordinarios contra civiles", ha apuntado.
"El Consejo Supremo ha estado dando concesiones sin significado durante meses sólo a causa de la presión popular, pero no han ofrecido nada genuino, especialmente porque los juicios de la Seguridad del Estado, regidos por la Ley de Emergencia, siguen en vigor, aunque no reemplacen a los juicios militares", ha apostillado Morayef.