La propuesta de la Comisión Europea pretende revisar las reglas sobre control de bienes y tecnologías que además de ser usadas para un fin legítimo, pueden servir para desarrollar armas de destrucción masiva o perpetrar atentados terroristas. El objetivo es ampliar esta normativa para evitar que regímenes autoritarios puedan espiar o vigilar a sus ciudadanos gracias a productos europeos.
Esta reforma ha sido apoyada en la comisión europarlamentaria con 34 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones y ahora debe recibir el visto bueno del pleno de la Eurocámara, de cara a las futuras negociaciones con el Consejo de la UE, la otra institución europea con poderes legislativos, que representa a los Estados miembros.
Así, los eurodiputados apuestan por añadir algunas herramientas de vigilancia en la red a la lista de productos que necesita un permiso de las autoridades nacionales antes de poder ser exportadas. Algunas de ellas son dispositivos para interceptar teléfonos móviles, 'hackear' ordenadores, sortear contraseñas o identificar usuarios de Internet.
También recomiendan obligar a los exportadores de productos no incluidos en esta lista pero que puedan utilizarse para violar Derechos Humanos a asegurarse de que no caen en "las manos equivocadas", en línea con las directrices sobre diligencia debida de la OCDE.
La comisión de Comercio de la Eurocámara ha instado además a la Comisión Europea a elaborar un manual antes de la entrada en vigor de las nuevas reglas de control de exportaciones de estos productos, de forma que las compañías europeas ya conozcan entonces qué pueden y qué no pueden exportar.
Los eurodiputados también abogan por impulsar la igualdad de condiciones entre Estados miembros, por ejemplo mediante la introducción de sanciones similares por incumplimiento, así como con mayor transparencia en las decisiones de control de exportaciones de las autoridades nacionales.
Por último, la Eurocámara ha propuesto eliminar las tecnologías de cifrado de la lista de productos de vigilancia en la red al considerar que son "vitales" para la protección personal de los defensores de Derechos Humanos.