El pleno de la Eurocámara ha dado este jueves su aprobación final a las nuevas normas cuyo objetivo es reforzar la independencia de las empresas de auditoría y potenciar la competencia en el sector, actualmente dominado por las 'Big Four' (Deloitte, Ernst & Young, KPMG y PricewaterhouseCoopers), evitando así nuevos escándalos como los de Enron o Parmalat.
Las reglas ya han sido pactadas con los Gobiernos de los 28, que deben ratificarlas en los próximos días. A partir de ese momento, los Estados miembros dispondrán de un plazo de dos años para aplicar la mayoría de las disposiciones, salvo las restricciones a los ingresos no relacionados por la auditoría, que entrarán en vigor en tres años.
La norma impone la rotación obligatoria de las auditoras cada 10 años. Este plazo podrá prorrogarse otros 10 años si se lleva a cabo una licitación de los servicios de auditoría y hasta 14 años si la empresa auditada contrata a más de una auditora para revisar sus cuentas.
El acuerdo diluye así la propuesta original de Bruselas, que preveía una rotación obligatoria cada seis años -ampliable a nueve si se realizan auditorías conjuntas a cargo de al menos dos empresas-; así como un plazo transitorio de 4 años antes de que una auditora pueda volver a ser contratada por el mismo cliente.
La norma crea además una "lista negra" de servicios que las auditoras tendrán prohibido ofrecer a las compañías a las que auditen, en particular todos los relacionados con asesoría fiscal y los ligados a la estrategia financiera y de inversión. El objetivo de esta medida es limitar el riesgo de conflictos de interés.
Finalmente, las nuevas reglas introducen un tope del 70% -basado en la media de tres años- a los ingresos que pueden obtener las auditoras por servicios no relacionados con la auditoría que no estén prohibidos.